Investigar el glifosato y terminar bajo la lupa: el caso de Virginia Aparicio que incomoda al INTA.
Virginia Aparicio lleva más de 20 años trabajando como científica del INTA. Ahora enfrenta un pedido de exoneración que podría dejarla inhabilitada de por vida para ejercer funciones públicas. En el medio hay una investigación sobre algo bastante menos abstracto que un trámite administrativo: qué cantidad de plaguicidas hay en los cuerpos de los argentinos.
Aparicio participó, con aval del propio INTA, del proyecto Sprint, una investigación internacional financiada por la Unión Europea que analizó la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente. Los resultados fueron contundentes: el glifosato apareció en el 86,1% de los argentinos que participaron de las muestras y en el 100% de la materia fecal de los bonaerenses analizada.
El estudio también detectó entre 10 y 28 plaguicidas en aguas superficiales, entre 6 y 22 en alimentos y entre 43 y 86 en el polvo de los hogares. Según los resultados difundidos, Argentina quedó como el país con mayor cantidad de plaguicidas detectados en personas y ambiente entre los países participantes.
Pero antes de que esos resultados fueran difundidos, el INTA frenó la publicación y se retiró del proyecto, aunque continúa figurando como socio en la página oficial de Sprint. El informe terminó siendo presentado en una conferencia realizada en Bélgica.
Y entonces apareció el sumario.
En 2025, el actual Gobierno avanzó contra Aparicio con un proceso que terminó en un pedido de exoneración. No se trata simplemente de una suspensión o un apercibimiento: la sanción pretendida implica la posibilidad de que la científica quede inhabilitada de por vida para trabajar en la función pública.
Entre los argumentos utilizados aparece un supuesto «perjuicio a la administración nacional». El planteo resulta particularmente llamativo porque, según la información difundida sobre el caso, el proyecto había sido financiado íntegramente por la Unión Europea.
También se cuestionó que Aparicio no entregara datos personales de los voluntarios relacionados con las concentraciones de plaguicidas. Su explicación fue concreta: esos datos estaban protegidos por acuerdos de confidencialidad que había firmado con las personas que participaron del estudio.
Desde los gremios del INTA cuestionaron la decisión y denunciaron que la sanción es desproporcionada. También señalaron posibles presiones e intereses de sectores empresariales y del campo para evitar que los resultados del estudio fueran difundidos.
La propia Aparicio no escondió el problema que había encontrado. Advirtió que la distribución de plaguicidas es tan masiva que resulta necesario reducir la dependencia química del sistema productivo y hacerlo cuanto antes.
El caso generó además el rechazo de funcionarios bonaerenses. La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, sostuvo que las autoridades del INTA quieren exonerar a Aparicio por hacer su trabajo y reclamó que den marcha atrás. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que una medida de este tipo puede funcionar como un mecanismo de amedrentamiento contra quienes realizan investigación pública.
La denuncia de los gremios va en la misma dirección: advierten que una sanción contra una investigadora por este motivo puede terminar funcionando como un mensaje para todo el organismo. No solamente se estaría castigando a una científica, sino instalando la idea de que determinadas investigaciones pueden traer consecuencias cuando sus resultados resultan incómodos.
Porque hay una paradoja difícil de ignorar: El estudio fue realizado dentro de un proyecto internacional, financiado por la Unión Europea y con participación del INTA. Los resultados detectaron una presencia extendida de plaguicidas en personas y ambiente. La difusión fue frenada. Y quien participó de la investigación terminó enfrentando un proceso que podría dejarla fuera de la función pública para siempre.
Las irregularidades administrativas que se le atribuyen deberán ser evaluadas en el ámbito correspondiente. Pero hay una pregunta política que excede cualquier expediente: ¿por qué la respuesta frente a una investigación científica que revela una presencia masiva de plaguicidas sería una sanción de semejante magnitud?
Investigar no debería ser un delito. Y mucho menos cuando lo que se investiga es qué estamos respirando, qué estamos comiendo y qué sustancias terminan dentro de nuestros propios cuerpos.
El caso de Aparicio deja planteado un interrogante incómodo para el INTA y para el Gobierno: si una científica puede terminar enfrentando una inhabilitación de por vida después de participar de una investigación cuyos resultados incomodan, ¿qué margen queda para la ciencia pública cuando los datos molestan a determinados intereses?
