Escándalo en la ex Andis: una auditoría detectó una diferencia millonaria en sus registros de deuda.
La auditoría sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejó un número difícil de pasar por alto: una diferencia de $158.717 millones entre los registros internos de deuda del organismo. El dato apareció al cruzar la información de dos áreas de la propia agencia y ahora forma parte del material que analiza la Justicia por presuntas irregularidades en compras y contrataciones.
El relevamiento fue ordenado por el Gobierno tras la intervención del organismo y tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025, cuando fue desplazado de su cargo el entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo.
La revisión alcanzó pagos a droguerías y proveedores, deudas, cajas chicas, equipamiento electrónico, contratos, empleados y declaraciones juradas. Y fue justamente al revisar las obligaciones pendientes cuando apareció la millonaria diferencia.
Los auditores pidieron información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), un área que intervenía en la compra de medicamentos e insumos vinculados con programas de atención a personas con discapacidad.
El cruce de los datos arrojó una diferencia exacta de $158.717.131.557,63 en los listados de la denominada deuda exigible. La DNASS había informado un monto considerablemente superior al registrado por el área contable.
Desde la propia DNASS plantearon que los importes y la clasificación de las obligaciones podían haber sufrido modificaciones por posibles errores involuntarios en la carga de datos realizada por los prestadores.
Pero el monto detectado no es menor. Una fuente conocedora del funcionamiento administrativo del organismo explicó que este tipo de diferencias puede aparecer cuando un área asume el compromiso de pagar una prestación pero la obligación todavía no completó el circuito administrativo necesario para ser reconocida formalmente por Contabilidad.
La DNASS, además, está dentro del radar de la investigación judicial encabezada por el fiscal federal Franco Picardi. En esa causa se analizan presuntos sobreprecios y posibles irregularidades en los procedimientos de adquisición, entre ellos compras de medicamentos de alto costo realizadas mediante el programa PACBI.
A esto se suma otro punto cuestionado por la auditoría: el uso de la figura de “legítimo abono”. Se trata de un mecanismo que permite reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados aunque no hayan pasado previamente por los procedimientos ordinarios de contratación.
Según el informe, la ex Andis continuaba utilizando esta vía excepcional hasta la fecha de corte de la auditoría. Los auditores señalaron, además, que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios.
Mientras tanto, los números de los desembolsos también son importantes. Los proveedores de medicamentos e insumos médicos recibieron pagos por $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
Una diferencia contable de casi $159.000 millones, pagos por cientos de miles de millones y mecanismos excepcionales de contratación quedaron así bajo la lupa en una investigación que todavía sigue su curso.
La auditoría no determina por sí sola que haya existido un delito, pero sí dejó asentadas inconsistencias millonarias en los registros de la ex Andis que ahora deberán ser explicadas y analizadas por la Justicia.
