Caso Chocolate: el pacto de silencio detrás del escándalo.

El caso “Chocolate” Rigau vuelve a quedar bajo la lupa por una hipótesis que podría llevar el escándalo bastante más arriba de los empleados que aparecieron asociados al manejo de las tarjetas de débito. Según fuentes citadas por Diario Gran La Plata, detrás del expediente habría existido una presunta estrategia política y judicial destinada a contener el daño, mantener en silencio a los involucrados y evitar que la investigación avanzara hacia eventuales responsables de mayor jerarquía.

Uno de los nombres que aparece en esa reconstrucción es el del senador bonaerense Adrián Santarelli, representante de la Tercera Sección Electoral, dirigente de Lomas de Zamora y sobrino del histórico dirigente peronista Osvaldo Mércuri. Santarelli también mantiene vínculos políticos de larga data con el espacio de Martín Insaurralde y Federico Otermín.

De acuerdo con las fuentes, Santarelli habría tenido participación en movimientos políticos relacionados con el origen del caso y posteriormente habría recurrido a un integrante de la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense para obtener el contacto de un estudio jurídico que pudiera intervenir en las defensas de los denominados “chocolatosos”. Siempre según esa versión, el senador habría sido visto en distintas oportunidades junto al funcionario judicial en los pasillos de los tribunales.

La presunta estrategia habría tenido un objetivo concreto: que los involucrados asumieran individualmente sus responsabilidades, evitaran señalar a personas ubicadas por encima de ellos y buscaran acuerdos procesales que permitieran cerrar las causas con penas bajas o en suspenso, reduciendo las posibilidades de un juicio oral capaz de abrir nuevas líneas de investigación.

En esa estructura aparece el estudio Gascón Molina, defensor de Julio “Chocolate” Rigau. Las fuentes sostienen que el estudio habría tenido un papel central y que incluso podría haber intervenido en la incorporación de otros abogados para mantener una línea defensiva común.

La existencia de una estructura coordinada alrededor de las defensas ya había sido señalada por investigaciones periodísticas. TN informó sobre la aparición de numerosos abogados que representaban a distintos grupos de titulares de tarjetas y ubicó al estudio Gascón Cotti-Molina como uno de los ejes de esa estructura.

El expediente también tiene otro elemento incómodo. Miguel Ángel Molina figura en registros laborales con antecedentes de aportes provenientes de la Cámara de Diputados bonaerense. Una investigación del medio REALPOLITIK, informó que esos registros consignan a la Legislatura como empleadora durante períodos iniciados en 2021.

Los vínculos con la Cámara también alcanzan a la familia Gascón. Alfredo Gascón y su hijo mantuvieron relaciones laborales con Diputados. El hijo habría sido asesor de la entonces diputada radical Sandra París y posteriormente habría ocupado funciones dentro de la Legislatura. La Nación también informó sobre las relaciones laborales de Molina, Alfredo Gascón y su padre con la Cámara.

Ninguno de estos antecedentes prueba por sí mismo una operación destinada a garantizar el silencio de los imputados. Tampoco existe, hasta ahora, evidencia pública que permita afirmar que Santarelli haya diseñado, financiado u ordenado una maniobra de ese tipo.

Pero el entramado resulta políticamente explosivo. Los abogados vinculados con las defensas aparecen relacionados con la misma estructura legislativa que quedó en el centro del escándalo, mientras una nueva hipótesis ubica a un senador bonaerense en una eventual articulación política destinada a evitar que el expediente escalara.

El caso Chocolate dejó de ser hace tiempo solamente la historia de un hombre retirando dinero con tarjetas ajenas. La investigación expuso una estructura dentro de la Legislatura bonaerense y abrió interrogantes sobre quiénes estaban detrás de los empleados involucrados.

Ahora aparece una hipótesis todavía más grave: que después de la explosión del escándalo se haya intentado encapsular el daño, repartir responsabilidades hacia abajo y cerrar las causas antes de que el expediente pudiera avanzar sobre los niveles superiores.

Si esa maniobra existió, el silencio no habría sido una consecuencia del caso. Habría sido parte de la estrategia.