El pasto más caro de la Argentina: casi $700 millones y el viejo negocio estatal que vuelve a aparecer bajo Karina Milei.

Cortar el pasto y mantener los espacios verdes de Olivos y la Casa Rosada puede costar casi $700 millones. La cifra surge de una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que volvió a poner en escena a empresas con una larga trayectoria como contratistas del Estado.

Se trata de la Licitación Pública 23-0005-LPU26, destinada al mantenimiento preventivo y correctivo y al riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno. En el procedimiento, GRUB S.A. presentó una oferta de $690 millones, mientras que La Mantovana de Servicios Generales S.A. cotizó $769,2 millones.

El monto resulta particularmente llamativo en un Gobierno que construyó buena parte de su discurso sobre la reducción del gasto público y la motosierra. Pero el aspecto más sensible del expediente no pasa solamente por la cifra, sino por los antecedentes y los vínculos empresariales de algunas de las firmas que participaron.

GRUB y La Mantovana ya habían aparecido vinculadas dentro de un expediente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, junto con Grupo Buena Vista. Allí se analizaron relaciones societarias y económicas entre las compañías a partir de cuestionamientos realizados por una empresa competidora sobre su participación en contrataciones públicas.

La situación terminó llegando a la Justicia a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El fiscal federal Ramiro González solicitó documentación relacionada con la contratación impulsada desde la Secretaría General de la Presidencia para determinar el estado del procedimiento y si existían elementos que justificaran avanzar penalmente.

El expediente, sin embargo, requiere una precisión importante. No está acreditado que Karina Milei haya adjudicado un contrato de $690 millones a GRUB. La licitación continuaba en trámite y no existía una adjudicación formal al momento en que se analizó la denuncia. Tampoco existe documentación que permita afirmar que Daniel Scioli sea propietario, socio o beneficiario de GRUB o La Mantovana.

Lo que sí aparece documentado es la extensa trayectoria de estas empresas dentro del mercado de contrataciones estatales y los vínculos societarios que las conectan con empresarios que llevan años participando de negocios con organismos públicos.

GRUB tiene antecedentes societarios relacionados con la familia Castelli. Franco Castelli ocupó la presidencia de la compañía y Mario Agustín Castelli también tuvo participación en su estructura directiva. La Mantovana, por su parte, mantuvo durante años a integrantes de esa familia en posiciones relevantes dentro de su estructura.

El entramado empresarial no nació con Javier Milei. Las compañías dedicadas a limpieza, mantenimiento y servicios generales que aparecen alrededor de estos expedientes llevan años atravesando administraciones de distinto signo político y acumulando contratos con organismos estatales.

En ese recorrido aparece también el universo empresarial vinculado históricamente con Daniel Scioli, aunque la conexión debe ser presentada con precisión. La existencia de antecedentes de empresas que contrataron con administraciones vinculadas al exgobernador no permite afirmar que Scioli tenga participación en GRUB o La Mantovana. No existe, hasta ahora, documentación pública que sostenga esa acusación directa.

El dato político, sin embargo, resulta difícil de ignorar: Scioli actualmente forma parte del Gobierno de Javier Milei como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, después de haber desarrollado buena parte de su carrera dentro del peronismo y de haber sido gobernador bonaerense.

Mientras tanto, empresas con antecedentes de décadas dentro del circuito de proveedores estatales continúan participando de licitaciones nacionales. Cambian los gobiernos, cambian los funcionarios y cambian los discursos, pero determinados nombres empresarios siguen apareciendo cuando el Estado abre la billetera.

El caso de Olivos vuelve a poner ese mecanismo bajo la lupa. Una contratación de casi $700 millones para el mantenimiento de jardines presidenciales terminó cruzada por antecedentes societarios, vínculos empresariales y una denuncia judicial que obligó a revisar el procedimiento.

La diferencia entre el discurso y la práctica es difícil de disimular. El Gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo romper con las estructuras tradicionales de negocios estatales, reducir el gasto y terminar con los empresarios acostumbrados a vivir de los contratos públicos. Sin embargo, cuando se revisan determinadas licitaciones, aparecen empresas que ya estaban allí mucho antes de diciembre de 2023.

En este caso, ni siquiera hace falta exagerar los números ni inventar una adjudicación para que el expediente resulte incómodo. Hay una oferta de $690 millones, otra de $769,2 millones, empresas con antecedentes en contrataciones públicas y una historia societaria que atraviesa distintas administraciones.

La motosierra prometía cortar con el pasado. Al menos en los jardines presidenciales, el viejo circuito de proveedores parece haber encontrado la manera de seguir creciendo.