¡ESCÁNDALO EN EL GOBIERNO! LA «BRUJITA» DE KARINA MILEI SALIÓ DE OLIVOS Y REAPARECIÓ EN EL CORREO ARGENTINO!

María Belén Agudiez dejó su cargo en la Quinta presidencial en medio de una denuncia por el presunto desvío de alimentos públicos hacia un catering vinculado a su familia. Ahora fue ubicada en el Correo Argentino. La pregunta es inevitable: ¿en el Gobierno libertario los escándalos se pagan con la salida o se resuelven consiguiendo otro despacho?

La escoba barrió para otro lado, pero la «Brujita» no desapareció del Estado. María Belén Agudiez, funcionaria de máxima confianza de Karina Milei y protagonista de uno de los escándalos más incómodos que salpicaron a la administración de la Quinta de Olivos, dejó su despacho presidencial y reapareció en el Correo Argentino. Cambió de oficina, pero el caso que la puso en el centro de la tormenta sigue sin una explicación judicial definitiva.

La historia tiene todos los ingredientes de un escándalo político: compras millonarias con fondos públicos, toneladas de alimentos, un emprendimiento privado de catering vinculado a familiares de una funcionaria, una denuncia penal y, ahora, la llegada de la protagonista a otro organismo estatal. Todo mientras el Gobierno de Javier Milei vende austeridad, ajuste y motosierra como si fueran una religión.

Agudiez se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, un área que depende de Karina Milei. Era parte del círculo de confianza de la hermana del Presidente y tenía responsabilidades vinculadas con el funcionamiento de Olivos. En septiembre dejó el cargo, en medio de la crisis por las presuntas irregularidades en las compras destinadas a la residencia presidencial.

Pero la salida no fue el final de la historia. En octubre trascendió que había pasado al Correo Argentino, donde fuentes oficiales y gremiales la ubicaron en el área de Relaciones Institucionales. Distintas publicaciones hablaron de una gerencia y de remuneraciones de entre 8 y 15 millones de pesos mensuales, aunque el puesto exacto y el salario individual no quedaron acreditados de manera concluyente en la información publicada.

Dicho en criollo: se fue de Olivos en medio del escándalo y terminó nuevamente dentro de la estructura estatal. Una situación que, como mínimo, merece explicaciones públicas.

TONELADAS DE CARNE Y UN CATERING FAMILIAR BAJO LA LUPA

El corazón del escándalo está en la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, que pidió investigar si alimentos adquiridos con fondos públicos para la Quinta de Olivos terminaron abasteciendo a «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering vinculado con Analía Agudiez, hermana de la exfuncionaria, y Osvaldo Javier Sosa, su cuñado y entonces administrador de la residencia presidencial.

La presentación judicial puso la lupa sobre compras de alimentos, posibles vínculos comerciales y la participación de personal relacionado con la residencia en actividades de catering. Entre los elementos mencionados figura documentación sobre personal asegurado para prestar servicios en eventos privados. La hipótesis de la denuncia es que recursos adquiridos o sostenidos por el Estado podrían haber sido utilizados para una actividad comercial particular.

Las cantidades también encendieron las alarmas. Una contratación de la Secretaría General contempló 29.505 kilos de carnes, pollo, cerdo, achuras y pescado para seis meses, repartidos entre la Casa Rosada y Olivos. De ese total, 9.135 kilos correspondían a la residencia presidencial.

Ahora bien, una cosa es el volumen previsto en una licitación y otra, muy distinta, demostrar que esa mercadería fue efectivamente desviada. La denuncia busca precisamente esclarecer qué se compró, qué se recibió, dónde terminó cada producto y si hubo un beneficio privado a partir de recursos públicos.

Agudiez negó las acusaciones, según informó la prensa. Por eso, la investigación deberá determinar si existió el mecanismo denunciado y quiénes fueron responsables. Pero que todavía no haya una conclusión judicial no vuelve irrelevante el asunto ni elimina la obligación política de dar explicaciones.

KARINA MILEI Y EL COSTO DE LOS FUNCIONARIOS PROTEGIDOS

La cercanía de Agudiez con Karina Milei es uno de los aspectos centrales de la controversia. La funcionaria respondía a la Secretaría General de la Presidencia y formaba parte de su entorno de confianza. Su salida de Olivos y su posterior desembarco en el Correo Argentino abren un interrogante incómodo para el oficialismo: ¿cómo se evalúa la continuidad de una funcionaria involucrada en una denuncia de semejante gravedad?

No hay pruebas públicas suficientes para afirmar que Karina Milei ordenó personalmente su traslado como recompensa ni que la nueva designación haya sido una maniobra para garantizarle impunidad. Pero sí hay un hecho político concreto: Agudiez dejó una función presidencial en medio del escándalo y posteriormente volvió a aparecer en otro organismo del Estado.

La diferencia entre una gestión que exige responsabilidades y otra que se limita a cambiar funcionarios de escritorio se mide, justamente, en estos casos. Si el Gobierno considera que Agudiez no cometió ninguna irregularidad, debería explicar con claridad los fundamentos de su continuidad, las funciones que desempeña y las condiciones de su contratación. Si existen elementos que ameritan investigar su actuación anterior, corresponde que la Justicia avance sin privilegios ni interferencias.

LA MOTOSIERRA, PARA ALGUNOS; LOS DESPACHOS, PARA OTROS

El episodio tiene una carga política evidente. Mientras la administración libertaria justifica recortes y ajustes en nombre de la escasez de recursos, la sociedad tiene derecho a conocer cómo se selecciona a quienes ocupan puestos públicos, qué tareas cumplen y cuánto cuestan sus salarios.

Un cargo estatal no debería funcionar como premio consuelo para un funcionario que abandona una posición cuestionada. Tampoco alcanza con invocar la confianza personal para justificar nombramientos: hacen falta funciones concretas, criterios transparentes y rendición de cuentas.

La pregunta ya no es solamente qué pasó con los alimentos comprados para Olivos. También es por qué una funcionaria que quedó bajo la lupa por una denuncia de presuntas irregularidades terminó nuevamente dentro del Estado y qué responsabilidades se evaluaron antes de darle continuidad.

La Justicia tendrá que establecer si hubo desvío de mercadería, utilización de recursos públicos para un negocio privado y responsabilidades individuales. El Gobierno, mientras tanto, tiene otra obligación: explicar las decisiones políticas y administrativas que toma con recursos de todos.

Porque la motosierra puede cortar estructuras, cambiar organigramas y borrar subsecretarías del mapa. Lo que no puede hacer es reemplazar las explicaciones que la sociedad merece.

Y cuando una funcionaria sale de Olivos en medio de un escándalo y reaparece en el Correo Argentino, el problema no se resuelve cambiando de oficina. Apenas cambia de dirección.