El discurso de la motosierra parece tener una excepción bastante particular: los funcionarios del propio Gobierno. Mientras millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, una lista de dirigentes y colaboradores de Javier Milei aparece entre los beneficiarios de créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación, con los que compraron departamentos, casas y hasta terrenos en countries.

El dato surge de la información disponible sobre el programa «+Hogares con BNA». Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el banco estatal otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese universo, 1.120 fueron destinados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), con préstamos que llegaron hasta los $500 millones y tasas preferenciales.

La discusión explotó cuando comenzaron a conocerse algunos de los nombres que aparecen en ese listado. Entre ellos hay funcionarios del equipo económico de Luis «Toto» Caputo, integrantes de organismos oficiales, dirigentes de La Libertad Avanza y personas vinculadas directamente al entorno del poder libertario.

La pregunta que queda flotando es bastante sencilla: ¿quiénes tuvieron acceso a esos créditos y qué compraron con la plata?

Uno de los casos que encendió la polémica fue el de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano. Según sus declaraciones patrimoniales, al cierre de 2025 mantenía una deuda con el Banco Nación de casi $199 millones. En septiembre de 2025 había adquirido el 50% de un departamento de 93 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado fiscalmente en casi $226 millones.

Pero Massaccesi no fue una excepción. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, obtuvo un crédito de aproximadamente $373 millones. En su declaración jurada informó la compra, junto con otra persona, de una casa de 389 metros cuadrados en San Isidro.

El dato resulta todavía más llamativo cuando se observa la evolución de su patrimonio declarado: pasó de unos $94,7 millones en activos a casi $298,7 millones en apenas un año. Al mismo tiempo, declaró una deuda cercana a los $370 millones con el Banco Nación.

Otro de los nombres que aparece es el de Federico Furiase, secretario de Finanzas y uno de los hombres de confianza del ministro Caputo. Según la información difundida, obtuvo un crédito de $367,6 millones, con una tasa estimada del 8%. Al momento de la publicación del informe, su última declaración jurada todavía no figuraba en la base de la Oficina Anticorrupción.

Y hay más.

Felipe Berón, subsecretario de Servicios Financieros y otro integrante del círculo de Caputo, recibió un préstamo de $362 millones. En abril de 2025 compró un lote de 3.000 metros cuadrados en el country La Retama, en Pilar, que declaró por un valor de $408,8 millones.

Su evolución patrimonial también llama la atención: pasó de declarar activos por poco más de $26 millones a casi $459 millones en un año. Es decir, un incremento superior al 1.600%.

En la lista aparece además Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un crédito superior a los $510 millones tomado en diciembre de 2025. En su patrimonio figura, entre otros bienes, un departamento de 133 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en enero de ese mismo año.

Desde el Gobierno, Caputo salió a defender la utilización de estos créditos. El ministro sostuvo que no había «nada de ilegal y mucho menos inmoral» y reconoció que él mismo alentaba a funcionarios y amigos a solicitarlos porque consideraba que eran una «oportunidad única».

El problema político aparece justamente ahí.

Porque mientras desde el Gobierno se reclama permanentemente esfuerzo a trabajadores, jubilados, comerciantes y familias, mientras se recortan salarios indirectamente, se achica el gasto público y se repite que cada argentino debe arreglarse por su cuenta, resulta difícil que no genere ruido que funcionarios con acceso privilegiado al poder hayan conseguido préstamos de cientos de millones de pesos en un banco estatal.

La lista no termina…

Juan Carreira, conocido en redes como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital de la Casa Rosada, también accedió a un crédito del Banco Nación. Con ese financiamiento adquirió el 50% de un departamento de 44 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $96,2 millones. La deuda declarada con el banco supera los $170 millones.

Su patrimonio declarado pasó de unos $23 millones a $120 millones durante 2025.

También aparece Shariff Menem, director de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, que depende de su tío, Martín Menem. En enero de 2025 adquirió un departamento de 60 metros cuadrados en CABA valuado en $339,5 millones y declaró una deuda de $265,5 millones con el Banco Nación.

Su patrimonio, sin contabilizar los pasivos, pasó de $57,5 millones a $363,8 millones.

En Diputados también aparecen Mariano Campero y Lorena Villaverde. Campero, que dejó el radicalismo para incorporarse formalmente a La Libertad Avanza, compró una casa de 992 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, por un valor declarado de $301,9 millones. Para concretar la operación declaró una deuda cercana a los $270 millones.

Villaverde, en cambio, declaró una deuda de $223,3 millones con el Banco Nación, aunque no incorporó una nueva propiedad a sus bienes inmuebles declarados. En su presentación patrimonial sí aparece la compra de un inmueble por más de $17 millones dentro del apartado de créditos a favor.

El tema llegó a la Justicia después de que la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentara una denuncia penal para que se investigara el otorgamiento de estos préstamos a Personas Expuestas Políticamente. A partir de allí, la información comenzó a ser sistematizada y permitió reconstruir quiénes recibieron los créditos y, en varios casos, qué bienes adquirieron.

No se trata de cuestionar que un funcionario pueda acceder legalmente a un crédito hipotecario. El punto es otro: saber bajo qué condiciones se otorgaron esos préstamos, si todos los solicitantes tuvieron exactamente las mismas posibilidades y si existieron mecanismos adecuados para evitar cualquier situación de privilegio o conflicto de intereses….La contradicción política, mientras tanto, queda expuesta.

El Gobierno de Milei llegó prometiendo terminar con los privilegios de la política y repitiendo que el Estado no debe favorecer a nadie. Sin embargo, cuando se mira quiénes aparecen entre los beneficiarios de algunos de los créditos más importantes del Banco Nación, aparecen funcionarios, asesores y dirigentes estrechamente vinculados al poder.

Casas en San Isidro, departamentos en CABA y terrenos de 3.000 metros cuadrados en countries. Todo financiado, al menos en parte, por una entidad bancaria estatal.Mientras tanto, para una enorme cantidad de argentinos, conseguir un crédito hipotecario sigue siendo directamente imposible.

Y ahí está el verdadero problema para el Gobierno: no alcanza con decir que todo es legal. Cuando los mismos funcionarios que administran el Estado aparecen accediendo a créditos millonarios de un banco público para comprar propiedades de cientos de millones de pesos, la explicación política también importa.

Porque si la famosa «casta» iba a quedar afuera del reparto de privilegios, sería bueno saber por qué tantos nombres del poder libertario aparecen ahora del otro lado del mostrador.