Starlink reemplaza a Arsat: el acuerdo de Milei que deja a las escuelas rurales pagando casi el triple.
El Gobierno de Javier Milei oficializó el acuerdo con Starlink para reemplazar a Arsat en la provisión de internet a 6.000 escuelas rurales de todo el país. La decisión vuelve a poner en discusión el rumbo que tomó la gestión con la empresa estatal y, sobre todo, cuánto terminará costando este cambio para las provincias y municipios.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 857/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada en el Boletín Oficial. El acuerdo establece un denominado «Contrato de Donación» entre el organismo y Starlink Argentina S.R.L., la compañía de Elon Musk.
El esquema contempla que Starlink entregue 6.000 kits completos de conectividad satelital, destinados a otras tantas escuelas rurales. Pero la gratuidad tiene fecha de vencimiento. Después de los primeros 24 meses, las provincias y municipios que adhieran al programa deberán hacerse cargo del servicio.
Y ahí aparece la diferencia que genera mayores cuestionamientos: el servicio corporativo de Starlink está estimado en unos 160 dólares mensuales por escuela, mientras que Arsat cobra aproximadamente 60 dólares por una prestación equivalente. Es decir, las jurisdicciones podrían terminar pagando casi tres veces más por mantener conectadas a las escuelas.
El programa contempla una inversión conjunta cercana a los 22 millones de dólares. Starlink aportará los 6.000 kits por un valor estimado de 10 millones de dólares, mientras que otros 12 millones serán aportados por Enacom a través del Fondo del Servicio Universal. Ese dinero se utilizará para cubrir la instalación, el soporte técnico, el monitoreo de la red y el tercer año del servicio.
La situación resulta todavía más polémica si se tiene en cuenta qué está pasando con Arsat. La empresa estatal viene siendo desfinanciada por el Gobierno en el marco de su estrategia para avanzar con su privatización y, al mismo tiempo, reclama una deuda superior a los 60 millones de dólares por servicios que ya prestó a escuelas rurales que actualmente continúan conectadas a través de su infraestructura.
Mientras se deja de lado a la empresa estatal, entonces, se pone en marcha un nuevo esquema con una compañía privada que tendrá una tarifa considerablemente más alta una vez terminado el período bonificado.
El acuerdo también contiene otro punto que llamó la atención. El costo de instalación de las antenas será pagado a Starlink con recursos del Fondo del Servicio Universal, pero el convenio establece que ese monto eventualmente podrá ser deducido del aporte mensual previsto en el artículo 6 del Reglamento General del Servicio Universal.
Ese artículo establece el aporte del 1% que deben realizar las empresas licenciatarias de telecomunicaciones al Fondo del Servicio Universal. Starlink, como licenciataria, también está alcanzada por esa obligación.
En los hechos, el mecanismo abre la posibilidad de que parte del dinero que el fondo le paga a Starlink pueda ser computado posteriormente contra lo que la propia empresa debe aportar al fondo. Una situación que, como mínimo, merece ser explicada con claridad por el Gobierno.
Pero hay otro dato que tampoco pasa desapercibido: el acuerdo no surgió de una licitación abierta en la que diferentes empresas compitieran para ofrecer el servicio a las escuelas rurales.
El origen fue una propuesta presentada por la propia Starlink Argentina ante Enacom el 15 de julio pasado. A partir de esa propuesta se avanzó con el acuerdo que finalmente terminó siendo oficializado por el Gobierno.
No hubo, según lo planteado en la información sobre el convenio, un concurso, una licitación o una subasta en la que distintos proveedores pudieran presentar ofertas y competir por precio y condiciones.
La discusión, entonces, no pasa solamente por si Starlink puede brindar internet satelital o si los equipos funcionan correctamente. El punto es por qué el Estado decidió avanzar directamente con esta empresa, cuánto va a terminar costando el servicio y qué lugar queda para Arsat, que ya cuenta con infraestructura y experiencia en la provisión de conectividad.
El Gobierno puede presentar el acuerdo como una solución para llevar internet a escuelas rurales que todavía tienen problemas de conexión. Pero detrás de los anuncios y de la palabra «donación» hay una cuenta que alguien va a tener que pagar.
Durante dos años el servicio estará bonificado. Después, las provincias y municipios que adhieran deberán afrontar una tarifa cercana a los 160 dólares mensuales por establecimiento, frente a los aproximadamente 60 dólares que cobra Arsat.
Mientras tanto, el Estado nacional pone millones de dólares para financiar el despliegue y una empresa estatal queda cada vez más relegada.
La pregunta que queda planteada es bastante simple: si Arsat ya presta el servicio por mucho menos dinero, ¿por qué el Gobierno decidió reemplazarla por Starlink y hacer que, después del período subsidiado, las provincias tengan que pagar casi el triple?
