Clausuras para tapar el fracaso con la basura: Jorge Macri castiga a los comercios mientras la Ciudad sigue sucia.
La Ciudad tiene un problema con la basura y el Gobierno de Jorge Macri parece haber encontrado la salida más cómoda: en lugar de explicar por qué el sistema de recolección no funciona como debería, apunta contra los comerciantes y amenaza con clausurarles los locales.
La lógica es difícil de defender. Un comerciante que deja un cartón fuera del horario establecido puede terminar con el negocio cerrado, mientras las empresas contratadas para limpiar la Ciudad siguen cobrando millones por un servicio que debería garantizar que los residuos sean retirados de las calles en tiempo y forma.
¿Dónde está el control sobre esas empresas? ¿Quién responde cuando un camión no pasa? ¿Quién explica los recorridos que no se cumplen o los problemas que terminan dejando basura acumulada en las veredas? Para el Gobierno porteño, aparentemente, es mucho más sencillo encontrar al culpable entre los comerciantes que hacerse cargo de las fallas del sistema.
Y hay algo todavía más absurdo: clausurar un comercio no hace desaparecer la basura. Una caja de cartón no se esfuma porque un inspector le coloque una faja de clausura a un local. El problema sigue ahí, en la calle, mientras el comerciante pierde días de trabajo, ingresos y, en algunos casos, pone en riesgo los puestos laborales que sostiene.
En una Ciudad donde mantener abierto un negocio ya es una pelea cotidiana, convertir las infracciones de horario en una amenaza de clausura es una medida que pega directamente sobre quienes trabajan y sostienen la actividad de los barrios. Todo mientras el Estado evita discutir seriamente qué tan bien están funcionando los contratos millonarios de recolección.
Porque si las empresas cumplen, la Ciudad debería estar limpia. Y si no cumplen, el Gobierno tiene que controlarlas y sancionarlas. Lo que no parece razonable es trasladar toda la responsabilidad al último eslabón de la cadena y hacerle pagar el costo al comerciante.
La gestión de residuos no se arregla persiguiendo al kiosquero, al almacenero, al gastronómico o al dueño de una pyme. Se arregla haciendo funcionar el servicio por el que la Ciudad paga y controlando que las empresas cumplan con lo que tienen contratado.
Pero para eso hace falta gestionar. Es mucho más fácil clausurar un local.
Mientras tanto, la escena se repite: basura en la calle, vecinos que reclaman, comerciantes que trabajan con miedo a una sanción y un Gobierno que, en vez de hacerse cargo de la gestión, parece decidido a buscar culpables donde resulta más fácil encontrarlos.
La basura sigue en la vereda. El comerciante baja la persiana. Y el problema, convenientemente, sigue siendo de otro.
