Ley Hojarasca: la poda normativa que abrió una nueva pelea por el futuro de las plazas porteñas.

La llamada «Ley Hojarasca» volvió a poner al espacio público en el centro de la discusión política en la Ciudad de Buenos Aires. Presentada por La Libertad Avanza como una iniciativa para eliminar normas consideradas obsoletas del Digesto Jurídico porteño, la propuesta fue aprobada entre fuertes cuestionamientos de la oposición, organizaciones ambientalistas y vecinos que advierten que la derogación de antiguas ordenanzas podría debilitar herramientas de protección sobre las plazas y espacios verdes.

El punto que concentra la mayor parte de las críticas es la eliminación de la Ordenanza 46.229, sancionada en 1993. Durante más de tres décadas esa norma estableció restricciones para concesionar o modificar el destino de distintos espacios verdes públicos. Para sus detractores, no se trataba de un simple texto viejo dentro del Digesto, sino de una garantía política y jurídica que marcaba un límite claro frente al avance de intereses privados sobre bienes que pertenecen a todos.

La polémica creció todavía más porque, poco después de la aprobación de la ley, el Gobierno porteño avanzó con licitaciones vinculadas a plazas de la Ciudad. Aunque desde el oficialismo sostienen que ambos procesos no tienen relación y que las concesiones continúan sujetas a la normativa vigente, desde distintos sectores de la oposición consideran que la coincidencia alimenta las sospechas y refuerza la idea de que la derogación no fue una decisión meramente administrativa.

La discusión tampoco pasa por afirmar que, desde ahora, las plazas pueden venderse o privatizarse sin ningún tipo de control. Eso no surge de la legislación vigente. Continúan existiendo normas ambientales, procedimientos administrativos y obligaciones derivadas tanto de la Constitución porteña como de otras leyes específicas. Sin embargo, los críticos sostienen que eliminar una prohibición expresa nunca fortalece la protección del espacio público, sino que deja un escenario más flexible para futuras decisiones del Ejecutivo.

Ese es, justamente, el núcleo del conflicto. Mientras el oficialismo habla de «limpieza normativa» y asegura que muchas de las ordenanzas derogadas habían quedado superadas por legislación posterior, la oposición responde que no todas las normas antiguas son inútiles y que, en algunos casos, siguen teniendo un fuerte valor como resguardo frente a posibles cambios de criterio político.

La controversia también reabre una discusión que atraviesa desde hace años a la Ciudad: el avance de concesiones comerciales dentro del espacio público. Bares, patios gastronómicos, locales y distintos emprendimientos privados ya forman parte del paisaje de numerosos parques y plazas porteñas. Para unos, representan una forma de poner en valor espacios públicos y generar actividad económica. Para otros, son la evidencia de un modelo que reduce progresivamente los lugares de uso común en beneficio de intereses comerciales.

Más allá de las diferencias jurídicas, la Ley Hojarasca terminó convirtiéndose en un símbolo de esa disputa. Lo que para unos fue apenas la eliminación de normas viejas, para otros representa otro paso en un proceso de flexibilización sobre el uso del espacio público. Y cuando se trata de plazas, parques y pulmones verdes en una ciudad cada vez más densamente urbanizada, cualquier modificación deja de ser una cuestión técnica para transformarse en un debate profundamente político.

Porque la discusión ya no es solamente qué artículos permanecen escritos en el Digesto. La verdadera pregunta es otra: qué nivel de protección quiere la Ciudad para sus espacios verdes y hasta dónde está dispuesta a permitir que el mercado avance sobre lugares que, por definición, pertenecen a todos.