La Ciudad se arrepintió de sus contenedores antivandálicos: un año después, vuelve a poner los viejos.

La Ciudad encontró una nueva forma de resolver el problema de la basura: deshacer lo que hizo hace apenas un año. Después de instalar casi 7000 contenedores antivandálicos durante 2025, el gobierno de Jorge Macri empezó a retirarlos y a volver a colocar los viejos tachos tradicionales en distintos puntos de Recoleta. La explicación oficial es que los nuevos contenedores, aparentemente, no tienen suficiente capacidad para la basura que tienen que recibir.

El problema es que eso no parece haber sido un descubrimiento reciente. Los contenedores fueron diseñados, fabricados e instalados por la propia administración porteña como parte de una política que se presentó como una solución para ordenar la higiene urbana. Ahora, un año después, la Ciudad dice que está “probando variables y herramientas”.

Dicho en criollo: probaron una cosa, no funcionó como esperaban y están volviendo para atrás.

El problema sería casi anecdótico si no fuera porque la experiencia tuvo un costo que el gobierno porteño todavía no explica con demasiadas ganas. Para instalar los antivandálicos se fabricaron tapas especiales y se reemplazaron las unidades que ya estaban colocadas. Ahora, en algunos puntos, esas modificaciones se desarman para reinstalar los sistemas anteriores y, en otros, se compran nuevos contenedores.

¿Cuánto costó todo ese paseo de ida y vuelta? La Ciudad no lo informó.

Tampoco precisó cuántos de los casi 7000 contenedores antivandálicos ya fueron retirados ni cuántas nuevas unidades debió adquirir para reemplazarlos. Ante la consulta, la respuesta oficial fue que la operación salió del presupuesto general y que no requirió una partida específica.

Una explicación bastante cómoda: si no hubo una partida nueva, parece que tampoco hubo un costo nuevo. Pero los contenedores no se fabrican gratis, las tapas no aparecen por generación espontánea y retirar un sistema para volver a colocar otro tampoco parece una operación particularmente gratuita.

Mientras tanto, los porteños tienen que convivir con el resultado de una política que empezó con grandes anuncios y terminó, al menos en parte, con la vuelta de los tachos anteriores.

Los problemas de los antivandálicos tampoco eran un secreto. Desde que aparecieron comenzaron los reclamos de vecinos y encargados. Las bolsas de consorcio grandes no entraban, algunas puertas se trababan y los dispositivos requerían reparaciones. Alfredo, encargado de un edificio sobre avenida Cabildo, explicó que una bolsa apenas más grande de lo habitual podía quedar atascada o romperse al intentar introducirla. Fabián, otro encargado de la zona, contó que las bolsas quedaban trabadas y que había que esperar a que alguien fuera a arreglarlas.

Es decir, el sofisticado contenedor que llegaba para modernizar la gestión de residuos tenía un problema bastante básico: a veces no entraba la basura.

La situación adquiere todavía más gracia —si no fuera porque hablamos de plata pública— cuando se la cruza con la nueva política de sanciones del gobierno porteño.

Porque mientras la Ciudad reconoce que tiene que cambiar sus propios contenedores, también decidió endurecer los controles sobre quienes sacan la basura fuera del horario establecido. En las últimas semanas hubo clausuras de comercios y advertencias de multas a consorcios que no respetan la franja de 19 a 21.

Para los vecinos y comerciantes, entonces, el mensaje es bastante sencillo: cumplan las reglas o serán sancionados.

Para el gobierno porteño, en cambio, parece haber otra vara: si el sistema que diseñó no funciona, se lo cambia y listo.

La diferencia es que el comerciante que se equivoca puede terminar con el local clausurado, mientras que la administración que instala miles de contenedores y después decide retirarlos simplemente anuncia que está “probando variables”.

La cuestión tampoco ocurre en una Ciudad que tenga la basura bajo control. Todo lo contrario. La higiene urbana se convirtió en uno de los principales focos de reclamo de los porteños. Los datos del Sistema Único de Atención Ciudadana muestran una importante cantidad de pedidos vinculados con la limpieza en distintos barrios. San Nicolás, Nueva Pompeya, Colegiales, Agronomía y Parque Chas aparecen entre las zonas con más reclamos por habitante durante el período analizado.

En otras palabras, el problema sigue en la calle, aunque cambien los tachos.

Y hay otro dato que tampoco ayuda demasiado a la imagen de una gestión que pretende presentarse como eficiente. En marzo, después de los reiterados cuestionamientos por la suciedad y los olores, la Ciudad volvió a reorganizar el área y trasladó la Secretaría de Higiene a la órbita de la Jefatura de Gabinete, bajo Gabriel Sánchez Zinny.

Primero fueron los contenedores antivandálicos. Después, el cambio de estrategia. Ahora, otra modificación en la estructura administrativa.Todo mientras la basura continúa acumulándose y los reclamos siguen llegando.

Los antivandálicos habían sido concebidos para impedir que se arrojaran residuos voluminosos y para dificultar que alguien pudiera ingresar al contenedor a buscar objetos. La idea, en los papeles, podía parecer razonable. El problema aparece cuando la solución termina generando nuevos inconvenientes y un año después hay que empezar a desmontarla.

Y ahí está la verdadera discusión. Nadie cuestiona que una administración pueda corregir una política que no funciona. Lo que resulta difícil de aceptar es que cada corrección venga acompañada de poca información sobre cuánto costó el error.

La Ciudad tiene actualmente 33.045 contenedores, entre los destinados a residuos comunes y los verdes para reciclables. El tamaño del sistema hace todavía más relevante que las decisiones se tomen con planificación y que los resultados sean evaluados antes de llenar las calles de equipos nuevos.

Porque gobernar también consiste en eso: no convertir cada política pública en un experimento pagado por los contribuyentes.El gobierno de Jorge Macri puede llamar a esto una “prueba de variables”. Los vecinos probablemente tengan una descripción bastante más sencilla: pusieron casi 7000 contenedores, algo salió mal y ahora están volviendo atrás.

Y mientras la Ciudad calcula qué tacho le conviene poner en cada esquina, a los porteños les siguen diciendo que el problema es que sacan mal la basura.Capaz el problema no era solamente el vecino. Capaz, esta vez, el tacho tampoco era tan bueno como lo habían vendido.