Tensión y represión frente al Congreso durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Antes del choque con la calle, el Gobierno ya había empezado a retroceder dentro del Senado. La decisión de eliminar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras fue un reconocimiento tácito de que los votos no alcanzaban. Gobernadores aliados, legisladores dialoguistas e incluso sectores del radicalismo le soltaron la mano a una de las iniciativas más cuestionadas del oficialismo. Sin embargo, ese gesto no alcanzó para desactivar una movilización que llevaba semanas organizándose y que terminó con una fuerte represión en las inmediaciones del Congreso.

Desde el mediodía comenzaron a llegar columnas de sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones ambientalistas, pequeños productores y partidos políticos. La consigna seguía siendo la misma: rechazar un proyecto que, aun sin el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, mantiene reformas que distintos sectores consideran una amenaza para el acceso a la tierra, el manejo del fuego y los desalojos. El oficialismo intentó presentar la eliminación del punto más conflictivo como un gesto de diálogo, pero para quienes estaban en la calle el problema seguía siendo el resto de la ley.

El Congreso amaneció completamente vallado y rodeado por un impresionante operativo de seguridad. Cientos de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura ocuparon los accesos desde temprano. El mensaje era claro: el Gobierno no estaba dispuesto a permitir que la protesta se acercara al edificio donde se debatía una de sus principales iniciativas legislativas.

Durante varias horas la movilización transcurrió sin mayores inconvenientes. Hubo discursos, banderas, bombos y consignas contra Javier Milei y contra la política económica del Gobierno. También participaron dirigentes de la oposición, referentes sindicales y organizaciones campesinas que denunciaron que el proyecto representa un nuevo avance sobre derechos conquistados.

La situación cambió cuando un grupo reducido de manifestantes se acercó al vallado instalado frente al Congreso. Hubo empujones, intentos de mover las vallas y lanzamiento de algunos objetos contra las fuerzas de seguridad. La respuesta fue inmediata. Los efectivos avanzaron con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar a quienes permanecían en el lugar.

La tensión escaló rápidamente. Mientras la lluvia caía sobre la ciudad, las corridas se extendieron por varias cuadras alrededor del Congreso. Algunos manifestantes arrancaron baldosas para responder con piedras y también se registró la quema de contenedores de basura. Del otro lado, las fuerzas de seguridad profundizaron el operativo y empujaron a los manifestantes fuera de la plaza utilizando gases y carros hidrantes.

El saldo parcial de la jornada fue de tres personas detenidas, acusadas de atentado y resistencia a la autoridad, y al menos dos efectivos heridos, uno de ellos trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza. También hubo manifestantes lesionados por impactos de balas de goma y por la inhalación de gases, aunque todavía no existe un número oficial sobre civiles heridos.

La represión volvió a instalar un escenario que ya se repitió en varias movilizaciones durante la gestión de Javier Milei. Cada protesta importante termina con un despliegue policial cada vez mayor y con el Ministerio de Seguridad defendiendo el uso de la fuerza bajo el argumento de garantizar el orden público. Del otro lado, organismos de derechos humanos, dirigentes opositores y organizaciones sociales denuncian un uso desproporcionado de la violencia para desalentar la protesta.

La postal del Congreso cercado por vallas y rodeado de uniformados volvió a alimentar las críticas hacia un Gobierno que, mientras habla de libertad como eje de su discurso político, responde con un endurecimiento cada vez más marcado frente a las manifestaciones sociales. El contraste quedó expuesto durante toda la jornada: dentro del Senado se negociaban cambios para evitar una derrota legislativa, mientras afuera la respuesta a quienes cuestionaban el proyecto fue una combinación de gases, hidrantes y balas de goma.

Paradójicamente, el conflicto se produjo el mismo día en que la Casa Rosada se vio obligada a ceder en uno de los puntos centrales de la ley. El retiro del capítulo sobre la extranjerización de tierras dejó en evidencia que el oficialismo no tenía asegurados los votos para sostener su propuesta original. Aun así, eligió mantener el resto del proyecto y enfrentar una movilización que terminó con detenidos, heridos y nuevas denuncias por represión.

La jornada dejó una imagen difícil de disimular para el Gobierno. Mientras buscaba mostrar capacidad de negociación dentro del Congreso para evitar una derrota política, en la calle volvió a imponerse la lógica de la confrontación. Una escena que empieza a repetirse con frecuencia: retrocesos en el plano legislativo y una respuesta cada vez más dura frente a quienes salen a expresar su rechazo en las calles.