La Ciudad de Buenos Aires viene llevando adelante una política de recuperación de inmuebles que ya generó fuertes cuestionamientos de organizaciones vinculadas al acceso a la vivienda. Según los datos que manejan esos espacios, durante los últimos cinco años el Gobierno porteño tomó posesión de 415 propiedades que estaban habitadas.

El dato que encendió la alarma es qué pasó después con una parte de esos inmuebles: 240 ya fueron subastados y otros 281 aparecen actualmente como “ociosos”, a la espera de que se defina su destino.

En paralelo, existen 254 procesos de desalojo iniciados por el Gobierno de la Ciudad. De acuerdo con la información difundida, 150 tramitan en la Justicia Civil y otros 104 en el fuero Contencioso Administrativo.

Para las organizaciones que siguen estos casos, el problema no es solamente el desalojo en sí, sino lo que ocurre una vez que las familias dejan las propiedades. La principal denuncia es que viviendas que podrían utilizarse para atender la crisis habitacional terminan convertidas en activos para vender.

Y los números muestran que no se trata de unos pocos casos aislados.

Desde 2025, unas 320 soluciones habitacionales habrían ingresado en procesos de subasta. Según las estimaciones de las organizaciones, esas propiedades podrían haber servido para dar una respuesta habitacional a alrededor de 1.000 personas.

Desalojos rápidos y vecinos en la calle

Otro de los puntos cuestionados es el crecimiento de los desalojos administrativos. Se trata de procedimientos en los que el propio Gobierno porteño interviene para recuperar un inmueble, sin que necesariamente exista un proceso judicial de desalojo tradicional.

Uno de los argumentos utilizados en algunos casos es el supuesto riesgo de derrumbe. Las organizaciones denuncian que estas intervenciones se realizan con mucha rapidez y que los vecinos muchas veces tienen dificultades para presentar peritajes o defender su situación antes de tener que abandonar sus casas.

Incluso se registraron casos en los que las familias aseguran haberse enterado de la situación prácticamente sobre la hora.

En uno de los ejemplos difundidos, una mujer que estaba sin trabajo y vivía con su hija pequeña habría recibido la noticia de que debía dejar la vivienda en pocos días. Lo llamativo del caso es que, posteriormente, un departamento del mismo edificio habría aparecido publicado en una subasta.

El interrogante aparece solo: si el inmueble pertenece al Estado, ¿por qué la solución tiene que ser sacar a quienes viven ahí y después venderlo?

¿Patrimonio público o negocio inmobiliario?

La otra gran discusión pasa por los remates: Las organizaciones sostienen que algunos inmuebles estatales son subastados a valores muy inferiores a los precios que tendrían en el mercado y advierten que este mecanismo puede terminar favoreciendo a grandes jugadores del sector inmobiliario.

Según información conseguida mediante un pedido de acceso a la información pública, durante el último año los remates habrían generado $469.627.716. De ese total, solamente $135.999.337 aparecerían asignados a una partida identificable, mientras que quedarían más de $333 millones cuyo destino no estaría claro a partir de la información difundida.

En una ciudad donde alquilar se volvió cada vez más caro y donde conseguir una vivienda propia parece una misión imposible para miles de familias, la decisión de vender propiedades que pertenecen al Estado genera una pregunta difícil de esquivar.

Las organizaciones proponen justamente eso: que los inmuebles y terrenos estatales que la Ciudad ya no utiliza puedan ser destinados al Instituto de Vivienda porteño y transformados en soluciones habitacionales, en lugar de terminar directamente en una subasta.

También plantean aprovechar terrenos y propiedades públicas para generar nuevas viviendas y aumentar la oferta destinada a sectores de ingresos bajos y medios.

Una política que genera cada vez más críticas

El debate de fondo es qué lugar ocupa el Estado frente a la crisis habitacional.

Mientras miles de porteños destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler, la Ciudad avanza con desalojos, recupera inmuebles y pone una parte de ellos a la venta.

La discusión, entonces, no pasa solamente por los 415 inmuebles recuperados.

Pasa por saber qué hace el Gobierno porteño con ese patrimonio después de desalojar a sus ocupantes y si, en medio de una crisis habitacional cada vez más profunda, tiene sentido que viviendas públicas terminen nuevamente en el mercado privado.

Porque una propiedad del Estado no es solamente una pared, un techo y cuatro habitaciones. Es patrimonio de todos los porteños. Y decidir qué se hace con ella también es decidir para quién gobierna el Estado.