Jorge Macri convierte las plazas porteñas en un negocio a medida: los concesionarios podrían explotar los espacios públicos sin pagar canon hasta recuperar su inversión.

El Gobierno de Jorge Macri encontró una manera bastante particular de hacer negocios con los espacios públicos de Buenos Aires: entregar su explotación comercial y postergar el momento en que los privados empiezan a pagarle a la Ciudad. Una fórmula que, vista desde el lado del empresario, suena bastante conveniente. Vista desde el lado de los vecinos, deja demasiadas preguntas y muy pocas certezas.

La polémica no se limita a la decisión de avanzar con concesiones en espacios que pertenecen a todos los porteños. El punto más controvertido está en las condiciones económicas del contrato. El artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, identificado como PLIEG-2026-23841902-GCABA-DGCOYP, establece que el canon comenzará a devengarse una vez amortizada la inversión comprometida por el permisionario. Traducido al castellano: antes de empezar a pagarle a la Ciudad, el concesionario tendrá que recuperar lo que dice haber invertido.

El mecanismo abre un interrogante central: ¿quién determina cuándo se recuperó esa inversión y con qué criterios? Porque una cosa es anunciar un proyecto comercial con cifras atractivas y otra muy distinta es garantizar que el Estado reciba efectivamente el dinero que le corresponde por la explotación de un bien público. Si el comienzo del pago depende de la amortización de la inversión, la transparencia de los números y la capacidad de fiscalización oficial pasan a ser cuestiones decisivas.

En cualquier negocio privado, el alquiler forma parte de los costos desde el comienzo. El comerciante que abre un local debe afrontar el contrato, comprar mercadería, pagar salarios y asumir el riesgo de que la actividad funcione o fracase. En este esquema, en cambio, el canon queda condicionado a que el concesionario recupere primero su inversión. La pregunta es inevitable: ¿por qué las reglas parecen tan distintas cuando lo que se pone en juego no es un inmueble privado, sino un espacio que pertenece a los vecinos?

Las cifras anunciadas también merecen una explicación. Se habla de $38.311.500 mensuales, una suma que, multiplicada por doce, representa más de $459 millones al año. Pero ese cálculo no equivale a dinero efectivamente ingresado a las arcas porteñas. Si el canon todavía no se devenga porque la inversión no fue amortizada, el monto anunciado puede quedar muy lejos de la recaudación real durante un período que el texto del pliego, por sí solo, no permite determinar.

Ahí aparecen las preguntas que el Gobierno porteño debería responder con precisión: cuánto se reconocerá como inversión, qué documentación deberán presentar las empresas, quién auditará esos gastos y cómo se evitará que diferencias de criterio o cálculos difíciles de verificar prolonguen el tiempo sin pagar. También hace falta conocer qué controles tendrá la Ciudad para determinar que la amortización se produjo y que el canon empieza a cobrarse sin demoras injustificadas.

La discusión se inscribe en la política de concesiones impulsada por el oficialismo porteño y en el marco normativo que habilitó nuevas modalidades de explotación comercial de espacios públicos. La aprobación de iniciativas promovidas por el PRO y La Libertad Avanza ya había abierto cuestionamientos sobre el destino de plazas y otros bienes comunes. Ahora, las condiciones económicas vuelven a poner el foco sobre quién se beneficia y qué garantías tiene la Ciudad.

Porque una concesión no debería convertirse en un cheque en blanco. Si una empresa obtiene la posibilidad de desarrollar una actividad comercial en un espacio público, el Estado tiene que fijar condiciones claras, establecer controles verificables y asegurar que la contraprestación no quede supeditada a cálculos opacos. De lo contrario, el riesgo es que los privados administren el negocio mientras los porteños esperan que aparezca la recaudación prometida.

Jorge Macri tiene que explicar por qué se eligió este mecanismo y cuáles son las garantías concretas para que la Ciudad cobre lo que le corresponde. No alcanza con exhibir cifras millonarias en un anuncio si después el ingreso efectivo depende de cuándo y cómo se considere recuperada una inversión. Los espacios públicos no son un premio para los empresarios ni una propiedad del gobierno de turno. Son de los vecinos, y cualquier negocio montado sobre ellos debería empezar por proteger ese interés.