Gases, detenidos y sospechas de infiltrados: la represión que terminó embarrando la marcha universitaria.
La quinta Marcha Federal Universitaria terminó con gases lacrimógenos, corridas y 31 detenidos frente al Congreso. Miles de estudiantes, docentes y trabajadores salieron a reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial, pero la jornada terminó atravesada por los incidentes y un operativo de las fuerzas federales que ahora está bajo cuestionamiento.
En medio del caos, manifestantes denunciaron la presencia de encapuchados que, según sospechan, podrían haber sido infiltrados. Hasta el momento, esas acusaciones no fueron acreditadas públicamente, pero pusieron bajo la lupa el origen de los disturbios y el accionar de quienes participaron de los enfrentamientos. La identificación de esas personas y el análisis de las imágenes serán claves para determinar qué ocurrió frente al Palacio Legislativo.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió rápidamente a responsabilizar a los manifestantes. Habló de «los mismos violentos de siempre» y advirtió que quienes agredan a las fuerzas de seguridad o provoquen destrozos deberán responder ante la Justicia. Sin embargo, las críticas al operativo también apuntaron contra su cartera, por el uso de gases y la intervención de los efectivos durante una movilización que reclamaba por la educación pública.
El conflicto sumó otro capítulo político por los cruces con diputados de La Libertad Avanza, cuestionados por manifestantes y dirigentes opositores por su actitud durante la jornada. Desde el oficialismo, en cambio, apuntaron contra los sectores que protagonizaron los incidentes y sostuvieron que detrás de los disturbios hubo una intención de generar caos y desestabilización.
El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Entre los 31 detenidos hay un adolescente de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial.
Pero el reclamo universitario no apareció de la nada. Detrás de la movilización está el conflicto por el financiamiento de las casas de estudio, los salarios docentes y el cumplimiento de la ley que establece mecanismos de actualización de los recursos universitarios. A eso se suma una situación económica que golpea los ingresos familiares y complica cada vez más la posibilidad de estudiar y sostener una carrera.
Para miles de estudiantes, la universidad pública representa la posibilidad concreta de acceder a una formación profesional sin tener que afrontar las cuotas de una institución privada. Cuando los salarios pierden poder adquisitivo y los gastos cotidianos se vuelven cada vez más difíciles de cubrir, el deterioro del sistema universitario no queda encerrado en las aulas: también repercute en las familias que hacen un esfuerzo para que sus hijos puedan seguir estudiando.
Los destrozos y las agresiones deben investigarse, pero eso no alcanza para cerrar la discusión sobre lo ocurrido. También corresponde esclarecer las denuncias sobre posibles infiltrados y determinar si hubo abusos durante el operativo. Si existieron provocaciones organizadas, deben identificarse a sus responsables; si hubo irregularidades en el accionar policial, también deben rendirse cuentas.
Mientras el Gobierno concentra su respuesta en las detenciones y las denuncias penales, el reclamo por el financiamiento universitario sigue sin resolverse. Y miles de estudiantes, docentes y trabajadores vuelven a quedar en medio de una disputa que excede los incidentes frente al Congreso.
