¡ZAFARON MILEI Y KARINA! EL JUEZ DE $LIBRA Y LA POLÉMICA POR EL NOMBRAMIENTO DE SU ESPOSA!

Javier Milei y Karina Milei consiguieron un alivio judicial enorme en el expediente por la criptomoneda $LIBRA. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer al Presidente, a su hermana y a otros nueve investigados, después de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera cerrar la causa al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal. La decisión volvió a sacudir a Comodoro Py y reavivó las críticas sobre el funcionamiento de la Justicia federal. Pero hay otro dato que le agrega combustible a la polémica: Martínez de Giorgi es el mismo magistrado cuya esposa, Ana María Cristina Juan, fue designada por el Gobierno de Milei como jueza federal de Hurlingham en julio pasado. La coincidencia temporal no prueba un intercambio de favores, pero plantea un interrogante político e institucional que difícilmente pueda ignorarse.

El fallo alcanza también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, además de otros investigados. El magistrado entendió que los hechos analizados no constituían delito y dispuso que la causa se archive una vez que el sobreseimiento quede firme. La resolución llegó después del pedido de Taiano y en un contexto en el que las querellas habían quedado afuera de la investigación. La decisión no equivale a una condena contra quienes denunciaron ni borra las pérdidas que dijeron haber sufrido los compradores: establece que, para el juez y con los elementos evaluados en ese expediente, no se configuró un delito penal atribuible a los investigados.

La historia de $LIBRA arrancó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei promocionó el criptoactivo en sus redes sociales y difundió el proyecto privado Viva la Libertad. El token registró una suba abrupta y después se desplomó. Los denunciantes sostuvieron que miles de compradores sufrieron pérdidas y que un grupo reducido de billeteras retiró cerca de 100 millones de dólares. La investigación buscó establecer si detrás de esa secuencia hubo una maniobra fraudulenta y si existieron acuerdos entre los responsables del proyecto y personas del entorno presidencial.

Martínez de Giorgi consideró que no se había acreditado un engaño penalmente relevante. Según los fundamentos difundidos sobre la resolución, la publicación del Presidente pudo darle visibilidad al proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero eso no alcanzaba por sí solo para probar una estafa. Tampoco se encontró documentación firmada que acreditara el supuesto acuerdo confidencial entre Milei y Davis. En cuanto a Karina Milei, el juez analizó material extraído del teléfono de Novelli, incluidos documentos que aludían a un supuesto acuerdo, pero concluyó que no se había demostrado un intercambio ilícito ni una intermediación remunerada para facilitar reuniones con el Presidente.

El punto que encendió las críticas es que ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria en ese expediente. El magistrado consideró que esa circunstancia no impedía dictar un sobreseimiento definitivo si entendía que los hechos no constituían delito. El fiscal había solicitado cerrar la investigación y el juez sostuvo que ese dictamen estaba suficientemente fundamentado. Sin embargo, el desenlace deja una discusión abierta sobre la profundidad de las medidas realizadas, el alcance de la prueba reunida y las posibilidades de las partes que cuestionan el cierre para recurrir la decisión.

Y ahí aparece el nombre de Ana María Cristina Juan. El Gobierno oficializó su designación como jueza federal de Hurlingham mediante el Decreto 589/2026, publicado en julio. Juan, esposa de Martínez de Giorgi, tiene una extensa carrera en la Justicia y había quedado primera en el orden de mérito del concurso correspondiente. Su nombramiento, por lo tanto, no surgió de la nada ni permite afirmar por sí mismo que haya existido una maniobra irregular. Pero se produjo mientras su marido tenía a su cargo una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno nacional, un expediente que podía comprometer políticamente al Presidente y a su hermana. Esa combinación fue señalada por distintos medios como una fuente de suspicacias dentro de los tribunales.

La controversia tuvo otro ingrediente: el juzgado federal de Hurlingham todavía no estaba habilitado para funcionar cuando se oficializó la designación. El contraste también generó cuestionamientos porque el oficialismo había utilizado la falta de funcionamiento de un tribunal como argumento para frenar otro nombramiento judicial. Juan, por su parte, contaba con una trayectoria profesional de décadas y había obtenido el primer lugar en el concurso. Los dos datos forman parte de la discusión y deben ser puestos sobre la mesa sin convertir una coincidencia en una prueba de un acuerdo clandestino que no está acreditado.

Martínez de Giorgi tampoco llegó ayer a Comodoro Py. Se recibió de abogado en 1990 y comenzó su carrera judicial varios años antes. En 1992 pasó a desempeñarse como secretario de Horacio Cattani en la Sala II de la Cámara Federal, un tribunal que llegó a ser conocido como la “sala independiente” por sus decisiones frente al poder político. En 2006 asumió como subrogante del Juzgado Federal N.º 8, tras la salida de Jorge Urso, y en 2012 quedó como titular. Con el tiempo también tuvo a su cargo, de manera provisoria, otros juzgados federales.

Su recorrido incluye expedientes de alto impacto y resoluciones que generaron controversias. En 2012 sobreseyó a Ricardo Echegaray en una causa por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). La decisión se conoció poco antes de que Martínez de Giorgi asumiera como titular del Juzgado Federal N.º 8. El expediente investigaba denuncias relacionadas con subsidios y compensaciones, aunque el juez y el fiscal descartaron que existieran elementos suficientes para sostener la acusación contra Echegaray. El caso fue cuestionado por denunciantes que intentaron impulsar una apelación.

Otro antecedente fue el sobreseimiento, en 2016, del entonces camarista Eduardo Freiler en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Freiler había sido jefe directo de la esposa de Martínez de Giorgi. El juez consideró que el incremento patrimonial investigado podía justificarse con sus ingresos como camarista. La decisión fue controvertida: el fiscal pidió reabrir la causa y, tiempo después, la investigación continuó a partir de nuevos elementos. El antecedente alimentó cuestionamientos sobre el tratamiento judicial de una denuncia patrimonial que involucraba a un integrante de la propia estructura de los tribunales federales.

También intervino en la investigación del capítulo argentino del caso Lava Jato, vinculado con el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, y en expedientes relacionados con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el presunto desvío de fondos públicos. En esa trayectoria hubo decisiones favorables a funcionarios y otras que derivaron en procesamientos. Reducir toda su carrera a una lista de fallos polémicos sería simplificarla, pero tampoco se puede ignorar que varias de sus resoluciones quedaron bajo discusión pública.

Ahora, el sobreseimiento de Milei y Karina vuelve a colocar al magistrado en el centro de la escena. La decisión fue adoptada a pedido del fiscal y se apoya en una interpretación jurídica concreta: que los hechos denunciados no encuadran en los delitos examinados. Pero el contexto político, la exclusión de las querellas y el nombramiento de la esposa del juez en un tribunal federal durante el mismo año explican por qué el fallo desató cuestionamientos.

No hay elementos suficientes para afirmar que la designación de Ana Juan haya sido una recompensa por la resolución del caso $LIBRA, ni que exista un pacto entre el Gobierno y el magistrado. Sostenerlo como un hecho sería ir más allá de lo que la información disponible permite demostrar. Lo que sí puede señalarse es que el nombramiento generó suspicacias y que el cierre de una causa que involucraba al Presidente y a su hermana exige que los fundamentos judiciales estén a la altura de la gravedad institucional del caso.

Por ahora, Milei, Karina y los otros investigados quedaron sobreseídos en este expediente, con la orden de archivar las actuaciones cuando la resolución quede firme. La discusión política, sin embargo, no termina con la firma de un juez. La pregunta que queda es si el cierre de la causa logrará despejar las dudas sobre el lanzamiento de $LIBRA o si, por el contrario, profundizará la desconfianza de quienes esperaban una investigación más exhaustiva. En Comodoro Py, el expediente se encamina al cierre; la polémica recién empieza.