ESCÁNDALO EN PINAMAR: ALEJO YEZA VOTÓ ENTREGAR 3.400 METROS DE PLAYA PÚBLICA A SU PROPIO SOCIO Y SU VOTO FUE DECISIVO.
Un concejal del PRO votó una concesión de 3.400 metros de playa pública a favor de un empresario con quien comparte una sociedad comercial. No fue un voto más: su mano fue la número diez, exactamente la cantidad necesaria para aprobar la ordenanza. Ahora enfrenta una denuncia penal por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El protagonista es Alejo Matías Yeza, presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante de Pinamar y hermano del exintendente y actual diputado nacional Martín Yeza. La acusación es concreta: el edil participó de una votación que benefició directamente a Rodrigo Ezequiel Allue, empresario con quien comparte una sociedad constructora.
La operación quedó plasmada en la Ordenanza 7342/26, aprobada el 14 de agosto de 2026. La norma autorizó la realización del festival deportivo Enduro del Invierno, solicitado por la firma EDV Entertainment SA, representada legalmente por Allue. El permiso incluyó el uso exclusivo de 3.400 metros de costa pública, entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach, además de exenciones de cánones por publicidad, ocupación de espacios y distintas tasas municipales.
Pero lo verdaderamente explosivo del expediente no está solamente en la cantidad de playa entregada ni en los beneficios fiscales concedidos. Está en quién levantó la mano para aprobarlos.
Según la denuncia presentada por el abogado y exconcejal radical Lucas Ventoso, Yeza y Allue son socios en Grupo TR2 Pinamar SRL, una empresa constructora constituida junto con el arquitecto Lisandro Martín De Sanctis e inscripta en el Boletín Oficial bonaerense el 4 de mayo de 2022. Es decir, el vínculo comercial entre ambos no sería una relación circunstancial ni un contacto empresarial ocasional: existe una sociedad formalmente registrada.
A pesar de ese antecedente, Yeza no habría informado el conflicto de intereses ante el Concejo Deliberante ni se habría apartado de la votación. La Ley Orgánica de las Municipalidades establece la obligación de excusarse cuando existen intereses económicos directos o vínculos societarios que comprometen la intervención de un funcionario en un expediente.
Y hay un detalle que vuelve todavía más delicada la situación: la ordenanza necesitaba diez votos afirmativos para ser aprobada. Obtuvo exactamente diez. El voto de Yeza fue el último y resultó indispensable para alcanzar la mayoría requerida. Sin su intervención, la concesión no habría conseguido los apoyos necesarios.
No se trata, entonces, de un concejal que acompañó una iniciativa que igualmente iba a salir aprobada. De acuerdo con la presentación judicial, su voto fue decisivo para habilitar una operación que terminó beneficiando a su propio socio comercial.
La denuncia también alcanza al intendente Juan Manuel Ibarguren, quien promulgó la ordenanza y quedó señalado por su responsabilidad en la ejecución y fiscalización del evento. La presentación judicial reclama que se investiguen las responsabilidades correspondientes y las circunstancias en las que se otorgaron los permisos y beneficios.
A la controversia política se suman los cuestionamientos ambientales y económicos. Los concejales opositores Gregorio Estanga y Violeta Saquilán reclamaron auditorías sobre los movimientos de arena, el impacto del ingreso de maquinaria pesada en las dunas y el destino de los recursos generados por el evento. Las inscripciones para participar habrían oscilado entre los 250 y los 320 dólares, mientras que también se comercializaron entradas privadas.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se justificó que una actividad privada pudiera disponer de semejante extensión de costa pública y recibir beneficios impositivos mientras uno de los concejales que debía controlar la decisión mantenía una sociedad comercial con el empresario beneficiado?
Por ahora, los hechos forman parte de una denuncia penal y deberán ser investigados por la Justicia. Pero el episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en la administración municipal: la frontera entre los intereses públicos y los negocios privados de quienes ocupan cargos electivos.
En Pinamar, la discusión ya no pasa solamente por un festival de motos, una concesión de playa o una exención de tasas. El centro del escándalo es un concejal que, según la denuncia, votó una autorización que beneficiaba a su socio y aportó justamente el voto que faltaba para aprobarla.
La playa es pública. Los beneficios, según la denuncia, terminaron en manos privadas. Y el voto que permitió la operación salió del mismo Concejo que debía representar y defender el interés de los vecinos.
