Escándalo por los dichos del streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez: habló de «esterilizar» bonaerenses y de «tirar napalm» sobre el Conurbano.
Una nueva polémica sacude al universo de los influencers y comunicadores alineados con el oficialismo. Esta vez, el centro de las críticas fue el abogado y streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez, quien durante una transmisión del programa La Trinchera, emitido por el canal de streaming Carajo, propuso entre risas «esterilizar» a los habitantes del Conurbano bonaerense, levantar un muro con francotiradores para aislar la provincia e incluso «tirar napalm» desde aviones sobre ese territorio.
Las declaraciones no quedaron como una simple provocación en redes sociales. El fragmento se viralizó rápidamente y generó un fuerte repudio de dirigentes políticos, periodistas, abogados, organismos vinculados a los derechos humanos y miles de usuarios que cuestionaron el contenido del programa y reclamaron consecuencias para quienes participaron de la emisión.
«No tiene salvación»
La secuencia comenzó cuando Sarubbi Benítez sostuvo que la provincia de Buenos Aires, particularmente el Conurbano, «ya no tiene salvación» debido a un supuesto «problema cultural y de marginalidad».
A partir de esa premisa comenzó a enumerar distintas «soluciones». La primera fue la «esterilización», a la que definió como «la más tibia» de sus propuestas. Luego planteó cercar el Conurbano con un muro de 15 metros de altura custodiado por francotiradores que decidirían, de manera «totalmente arbitraria», quién podría salir y quién no.
Lejos de detenerse allí, sugirió directamente expulsar a la provincia de Buenos Aires del territorio argentino para que constituyera «su propio país». Finalmente, llevó la escalada verbal al extremo al proponer lanzar napalm desde aviones sobre el territorio bonaerense, aclarando que previamente se avisaría, también de forma arbitraria, a las personas que «merecieran ser salvadas».
Durante toda la conversación, los demás integrantes de la mesa reaccionaron entre risas y comentarios que acompañaron el tono del intercambio, sin cuestionar el contenido de las afirmaciones.
«La primera sería la esterilización… De hecho, es muy buena, en serio. Es la más tibia, la más tranquila de las tres».(sic)» De hecho, uno de los casos más conocidos es el de Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, donde se practicaron esterilizaciones sin consentimiento pleno a miles de mujeres, especialmente a campesinas e indígenas.»
Uno de los momentos que más indignación provocó ocurrió cuando la streamer Kalina Ann mostró una cartilla con distintos tonos de piel —similar al conocido meme inspirado en la serie Family Guy— y señaló el color más claro mientras decía: «Derechos».
El gesto fue interpretado por numerosos usuarios como una referencia explícita a criterios raciales para determinar quién merece derechos, lo que profundizó las acusaciones de racismo y supremacismo que comenzaron a multiplicarse apenas se difundió el video… las reacciones no tardaron en aparecer.
La economista Candelaria Botto recordó que las esterilizaciones forzadas fueron aplicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú contra miles de mujeres indígenas y campesinas, y cuestionó que ese antecedente fuera utilizado como parte de un supuesto chiste político.
El periodista Ari Lijalad calificó a los participantes del programa como «nazis financiados por el Gobierno», mientras que la constitucionalista Natalia Volosin sostuvo que las expresiones podrían constituir una instigación pública a cometer delitos y reclamó la intervención de la Justicia.
También el exjuez Carlos Rozanski afirmó que las declaraciones representan uno de los episodios públicos más graves de reivindicación de discursos de exterminio registrados en los últimos años y advirtió sobre la normalización de mensajes de odio en espacios de comunicación vinculados al oficialismo.
Un antecedente reciente
La controversia llega pocos días después de que el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal sancionara disciplinariamente a Sarubbi Benítez por publicaciones realizadas desde su cuenta en la red social X, donde había difundido insultos contra integrantes de la Corte Suprema, datos personales y expresiones discriminatorias.
El abogado, además, es conocido por representar legalmente al influencer Daniel Parisini, más conocido como «El Gordo Dan», una de las figuras digitales más cercanas al presidente Javier Milei y al espacio conocido como «Las Fuerzas del Cielo».
La repercusión del video también alcanzó a las empresas que patrocinan el programa: en las redes sociales comenzaron campañas para señalar a los auspiciantes de La Trinchera, entre ellos Cocos App, SAO Medialunas, Skybroker y Endurance Technologies. Miles de usuarios reclamaron que retiraran su apoyo económico al ciclo, mientras trascendieron versiones de que algunas firmas ya estarían evaluando su continuidad como patrocinadores.
Aunque desde sectores libertarios suele apelarse a la idea de la «provocación» o el «humor» para relativizar este tipo de expresiones, las declaraciones de Sarubbi Benítez abrieron un debate más profundo sobre los límites del discurso político y la responsabilidad de quienes cuentan con espacios de comunicación masiva.
Proponer la esterilización de una población, justificar la selección arbitraria de personas según su aspecto físico o hablar de bombardear una parte del país con napalm no constituye únicamente una exageración retórica: remite a prácticas asociadas históricamente con políticas de persecución, segregación y exterminio.
La naturalización de este tipo de mensajes, emitidos en tono festivo y celebrados por quienes compartían la mesa, vuelve a poner en discusión el clima político que atraviesa la Argentina y el lugar que ocupan los discursos de odio dentro de algunos sectores que respaldan al gobierno de Javier Milei.
Mientras el video continúa multiplicando reproducciones y el repudio crece en distintos ámbitos, el episodio suma un nuevo capítulo a una serie de controversias protagonizadas por referentes e influencers libertarios, cuyas intervenciones públicas parecen apostar cada vez más a correr los límites del debate democrático.
