El Gobierno prepara un nuevo paquete de desregulación con cambios en medicamentos, libros, garrafas y criptomonedas.

El Gobierno nacional avanza con un nuevo paquete de reformas económicas que apunta a desregular distintos sectores y eliminar normas que considera una traba para la competencia. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, ya está en la etapa final de revisión y solo resta la firma del presidente Javier Milei antes de ser enviado al Congreso.

La iniciativa incluye cambios en áreas sensibles como la venta de medicamentos, el mercado de los libros, las garrafas, el sistema financiero, el sector inmobiliario, los arrendamientos rurales, la navegación fluvial y la industria vitivinícola. El objetivo, según el Gobierno, es reducir costos, facilitar inversiones y promover una mayor competencia en distintos mercados.

Uno de los cambios más importantes es el que afecta a los medicamentos de venta libre. El proyecto busca habilitar que puedan exhibirse en góndolas y ampliar su comercialización por internet con entrega a domicilio. Actualmente, estos productos solo pueden venderse en farmacias, salvo algunas excepciones judiciales como el caso de Farmacity. Se trata de una medida que ya había sido incluida en el DNU 70/2023, pero que quedó parcialmente frenada por la Justicia.

Otro punto relevante es la eliminación del precio uniforme para los libros. Si la reforma se aprueba, cada librería podrá fijar libremente el valor de un mismo ejemplar y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones actuales. Para el Ejecutivo, esto permitirá aumentar la competencia y, eventualmente, bajar los precios para los consumidores.

El proyecto también plantea una fuerte desregulación del mercado de las garrafas. El Estado dejaría de intervenir en la fijación de precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), limitando su rol únicamente a los controles relacionados con la seguridad.

En materia financiera, la iniciativa incorpora cambios para modernizar el sistema de garantías. Entre las novedades más llamativas aparece la posibilidad de utilizar criptomonedas como respaldo para acceder a créditos u otras operaciones financieras. Además, propone digitalizar certificados, incorporar contratos inteligentes y crear un registro federal único de garantías para agilizar los trámites.

Las reformas también alcanzan al sector agropecuario. El Gobierno propone derogar la ley de arrendamientos rurales, lo que permitiría que propietarios y productores acuerden libremente la duración de los contratos, el precio y la forma de pago del alquiler de los campos, sin los plazos mínimos establecidos por la legislación vigente.

En el transporte fluvial, el proyecto busca volver a impulsar una mayor apertura al cabotaje con embarcaciones extranjeras, una medida similar a la que había sido incluida en un decreto rechazado por el Congreso. Según el Ejecutivo, esto permitiría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones.

Otra de las reformas más discutidas es la del mercado inmobiliario. El texto elimina la obligatoriedad de contar con título universitario y matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público. Si prospera la iniciativa, cualquier persona podría intermediar en operaciones inmobiliarias, algo que seguramente abrirá un fuerte debate con los colegios profesionales.

La industria vitivinícola también forma parte del paquete. El Gobierno propone limitar las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al control de calidad del producto final y eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), transfiriendo sus funciones al propio instituto.

Además, el proyecto elimina la obligación de presentar traducciones realizadas exclusivamente por traductores públicos matriculados en muchos trámites ante la administración nacional, dejando esa exigencia solo para casos específicos que determine la reglamentación.

Por último, el paquete incluye cambios para las cooperativas. El Gobierno propone que aquellas con excedentes superiores a los 500 millones de pesos anuales comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias, eliminando la exención total que rige actualmente.

En los últimos días también trascendió un borrador que contemplaba otorgarle al Poder Ejecutivo seis meses de facultades delegadas para avanzar con nuevas desregulaciones por decreto. Sin embargo, desde la Casa Rosada aseguraron que ese artículo fue descartado durante la revisión final y que el proyecto será enviado al Congreso sin ese pedido.

Si finalmente ingresa al Parlamento, el paquete promete abrir una fuerte discusión política, ya que varias de las medidas ya habían generado resistencia en intentos anteriores del Gobierno y podrían encontrar dificultades para conseguir los votos necesarios.