El debate por la reforma de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya empezó a calentar el clima político. Mientras el Gobierno busca reunir los votos para aprobar el proyecto en el Senado, distintos sectores de la oposición, gremios, organizaciones sociales y ambientalistas ya convocaron a una movilización frente al Congreso para el 6 de agosto, el mismo día en que está previsto el tratamiento de la iniciativa.

La convocatoria fue creciendo en las últimas horas y ya cuenta con el respaldo de las dos CTA, además de organizaciones ambientales, movimientos sociales, entidades vinculadas a la defensa de la tierra e incluso sectores de la Iglesia. La CGT, por su parte, todavía no confirmó su participación, aunque analiza sumarse a la protesta.

Quienes rechazan el proyecto sostienen que la reforma flexibiliza las condiciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y advierten que podría afectar la soberanía sobre recursos estratégicos. Bajo consignas como «Argentina no se vende» y «#LaSoberaníaNoSeNegocia», durante la semana previa habrá actividades en distintos puntos del país, como radios abiertas, talleres y banderazos para visibilizar el reclamo.

Desde Unión por la Patria también salieron a respaldar la convocatoria. El senador Mariano Recalde pidió una movilización masiva el día del debate y aseguró que la presión social puede influir en la decisión de los legisladores que todavía no definieron su voto. En la misma línea, la diputada Cecilia Moreau llamó a participar de la protesta a través de sus redes sociales.

Uno de los puntos que más discusión genera es el alcance real de la reforma. Según el dictamen que impulsa el oficialismo, las provincias mantendrán el control sobre su territorio y seguirá prohibida la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos, salvo que exista una autorización especial. Además, se elimina el mecanismo que consideraba aprobada una operación si el Estado no respondía dentro de un plazo determinado.

El proyecto también busca modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que establece límites a la cantidad de tierras que pueden quedar en manos extranjeras y restringe la compra de zonas consideradas estratégicas, como aquellas que contienen grandes reservas de agua.

No todos están en contra de la iniciativa. Desde la Sociedad Rural Argentina respaldaron la propuesta y su presidente, Nicolás Pino, aseguró que no tendría inconvenientes en vender tierras a compradores extranjeros. En la misma línea, el Gobierno sostiene que la reforma apunta a atraer inversiones sin poner en riesgo la soberanía nacional.

Con el debate cada vez más cerca, el panorama sigue abierto. El oficialismo todavía necesita asegurarse algunos votos para aprobar la ley y la movilización del 6 de agosto promete convertirse en uno de los principales focos de presión sobre los senadores que aún no definieron su postura.