Plaza Armenia: crece la polémica por el estacionamiento subterráneo y los vecinos exigen frenar el proyecto.
El proyecto para construir un estacionamiento subterráneo debajo de la Plaza Inmigrantes de Armenia, en el barrio porteño de Palermo, sigue sumando cuestionamientos. Vecinos, organizaciones barriales y especialistas denuncian presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación y sostienen que la iniciativa avanza sobre uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad sin cumplir con los procedimientos previstos por la legislación vigente.
La iniciativa no surgió del Estado, sino que fue presentada por E-Arg SRL, una empresa creada en junio de 2024 con un capital social de apenas 1 millón de pesos y sin antecedentes conocidos en obras de esta magnitud.
El proyecto fue habilitado mediante el Decreto 378/25, firmado por Hernán Lombardi y Gabriel Sánchez Zinny. Para justificar el procedimiento, el Gobierno de la Ciudad utilizó como fundamento la Ley 3.058 de Estacionamientos Disuasorios, sancionada en 2009.
Sin embargo, ese es justamente uno de los principales puntos cuestionados. La ley fue creada para impulsar la construcción de estacionamientos ubicados en las cabeceras de líneas de subte y tren, con el objetivo de que los automovilistas dejen allí sus vehículos y continúen el viaje en transporte público, reduciendo el ingreso de autos al centro porteño.
Según denuncian los vecinos, Plaza Armenia nunca estuvo contemplada dentro de ese esquema y tampoco reúne las características previstas por la normativa, por lo que consideran que el decreto desnaturaliza el espíritu original de la ley.
Otro aspecto que genera controversia es que el pliego de licitación establece un derecho de preferencia para la empresa impulsora del proyecto. Esto significa que, si otra firma presenta una oferta equivalente durante la licitación, E-Arg SRL tendrá prioridad para quedarse con la concesión, una condición que, según los críticos de la iniciativa, limita la competencia en igualdad de condiciones.
Además, la concesión prevista tendría una duración de 20 años y contempla un canon superior a los 95 millones de pesos mensuales.
A estas críticas se suma la falta de un estudio de impacto ambiental y de una instancia de participación ciudadana, procedimientos que los vecinos consideran obligatorios para una obra de estas características.
También señalan que Martín Kocourek, uno de los propietarios de E-Arg SRL, ya había sido mencionado anteriormente en otro proyecto cuestionado relacionado con intervenciones en espacios públicos mediante una empresa de reciente creación.
La protesta de los vecinos
El viernes pasado la Plaza Inmigrantes de Armenia fue escenario de una importante movilización en rechazo al proyecto. Vecinos, organizaciones barriales y comuneros se concentraron para exigir que la obra no avance y para defender el espacio verde como patrimonio del barrio.
Durante la jornada participaron los comuneros Pacha Carriot y Santiago Bermúdez, mientras que numerosos vecinos exhibieron fotografías, ilustraciones y registros históricos que muestran cómo la plaza fue construida y mejorada con el aporte de la propia comunidad a lo largo de los años.
Una de las principales referentes de la convocatoria fue Lucía Carew, vecina del barrio y dueña de la tradicional calesita ubicada dentro de la plaza, quien encabezó la organización de la protesta.
Durante la manifestación sostuvo que el cierre del predio durante el tiempo previsto para la obra tendría un fuerte impacto sobre la vida cotidiana del barrio.
Según explicó, mantener cerrada la plaza durante casi dos años perjudicaría a miles de vecinos que utilizan diariamente ese espacio público, además de afectar directamente a comerciantes, feriantes y a las distintas actividades recreativas que allí funcionan.
Los manifestantes también sostienen que el proyecto carece de una necesidad concreta, ya que en los alrededores existen estacionamientos privados con capacidad disponible.
Reclamos y acciones judiciales
Frente a esta situación, vecinos y organizaciones barriales presentaron un amparo judicial para intentar frenar el avance de la iniciativa mientras se analizan las presuntas irregularidades denunciadas.
Al mismo tiempo, reclaman la revocación del Decreto 378/25 y solicitan a la Legislatura porteña que modifique la Ley 3.058 para impedir que futuras interpretaciones permitan avanzar con proyectos similares sobre plazas públicas.
Para quienes impulsan el reclamo, el debate excede la construcción de un estacionamiento. Consideran que el verdadero conflicto pasa por la utilización de un espacio verde que forma parte de la identidad de Palermo y que fue construido y sostenido durante décadas por los propios vecinos.
Mientras el Gobierno sostiene que la obra forma parte de su política de infraestructura urbana, quienes se oponen insisten en que el desarrollo de la ciudad no puede realizarse a costa de perder espacios públicos ni de dejar de lado los mecanismos de participación ciudadana y control ambiental previstos por la ley.
