La seguridad de Jorge Macri: millones para el despliegue y demasiadas preguntas sobre los contratos

La seguridad es una de las principales banderas de Jorge Macri en la Ciudad. Patrulleros, operativos, policías, tecnología y anuncios constantes forman parte de una estrategia que busca mostrar una gestión activa frente al delito. Pero cuando se mira cuánto dinero se está poniendo detrás de esa política, aparecen preguntas que el Gobierno porteño todavía no termina de responder.

Para este año, la Ciudad destinó $2,6 billones a seguridad: Es el 15,4% de todos sus recursos. Una cifra enorme que debería obligar, como mínimo, a saber con bastante precisión en qué se gasta, cuánto cuesta cada operativo y qué resultados se consiguen.

El problema es que esa información no aparece de manera clara. No existe un desglose oficial que permita conocer cuánto cuesta cada operativo especial. Los gastos quedan incluidos en partidas generales y eso hace mucho más difícil seguir la ruta de los fondos públicos. Para los vecinos, mientras tanto, queda la foto del operativo, pero no necesariamente la cuenta ni el resultado.

Uno de los datos más fuertes aparece en el mantenimiento de la flota policial. Según la Auditoría General de la Ciudad, se ejecutaron más de $31.600 millones. Pero además, el contrato original terminó ampliándose más de un 1.000% mediante sucesivas prórrogas. El organismo de control también cuestionó los mecanismos utilizados y calificó los controles como “deficientes” e “insuficientes”.

No es un dato menor. Cuando un contrato aumenta semejante magnitud y las prórrogas se vuelven una práctica habitual, la pregunta por el control del gasto deja de ser una cuestión técnica y pasa a ser política. ¿Por qué se sigue prorrogando? ¿Por qué no se vuelve a licitar? ¿Cómo se determina que lo que se paga es razonable? Y, sobre todo, ¿quién controla que los porteños no terminen pagando de más?

A esto se suma el despliegue de efectivos, vehículos y tecnología que el Gobierno viene presentando como parte de su política de seguridad. El problema es que no aparecen estudios públicos que permitan demostrar cuánto de esas inversiones tiene un impacto concreto en la reducción del delito.

El caso del operativo denominado “Tormenta Negra” es ilustrativo. Se movilizaron más de 1.500 agentes, vehículos y apoyo aéreo. El despliegue fue importante, pero, según la información analizada, terminó con detenciones por faltas menores y sin avances sobre bandas organizadas o investigaciones por delitos graves.

Entonces aparece una contradicción bastante evidente: cada vez hay más despliegue para mostrar, pero no necesariamente más información para demostrar qué funciona.

Y si el gasto es enorme, el capítulo de las contrataciones merece todavía más atención. Las auditorías citadas en el informe detectaron prórrogas sin suficiente justificación técnica, adjudicaciones repetidas a determinadas empresas y mecanismos que reducen la competencia. Todo esto dentro de un área que maneja miles de millones de pesos.

No hace falta afirmar que existe un delito para señalar que hay algo que no cierra. Si se prorrogan contratos, se repiten empresas y no existe una evaluación independiente que permita comparar precios y resultados, el Estado tiene que explicar por qué. La transparencia no debería aparecer solamente cuando alguien la reclama.

El problema de fondo es que la seguridad no se puede medir por la cantidad de policías que aparecen en una foto ni por la cantidad de móviles que participan de un operativo. Tampoco alcanza con anunciar nuevas herramientas tecnológicas o mostrar despliegues espectaculares. Una política de seguridad tiene que poder demostrar qué resultados consigue y cuánto cuesta conseguirlos.

Porque mientras el Gobierno de Jorge Macri construye una fuerte imagen de gestión alrededor de la seguridad, los porteños están financiando esa política con una parte enorme de sus recursos. Y tienen derecho a saber qué se hace con ese dinero.

La discusión, entonces, no es si la Ciudad tiene que gastar en seguridad. Claro que tiene que hacerlo. La discusión es otra: cuánto se gasta, cómo se contrata, quién controla y qué resultados concretos se obtienen.

Porque si hay $2,6 billones destinados a seguridad, lo mínimo que se puede exigir es seguridad en el manejo de esos recursos. Menos propaganda, menos foto y más explicaciones.