Pinamar, entre las promesas de Ibarguren y una gestión cada vez más cuestionada.

La gestión de Juan Manuel Ibarguren en Pinamar acumula demasiados frentes abiertos como para reducir el malestar a una simple disputa política. Problemas de infraestructura, una planta depuradora que sigue sin ofrecer una solución definitiva, cuestionamientos al proyecto Pinamar 2050, una denuncia penal por el Enduro, dudas sobre el manejo de espacios públicos y reclamos por seguridad forman parte de un cuadro que empieza a ser difícil de disimular.

El problema es que buena parte de estas discusiones no giran alrededor de cuestiones menores. Cloacas, agua, planificación urbana, seguridad y preservación del ambiente son asuntos que hacen a la vida cotidiana de una ciudad que no puede funcionar solamente pensando en los meses de verano. Y ahí aparece una de las principales críticas que atraviesa a la administración de Ibarguren: la distancia entre el discurso de una Pinamar moderna y preparada para el futuro y los problemas básicos que siguen sin resolverse.

Uno de los episodios que volvió a poner el saneamiento en el centro de la escena ocurrió durante la última temporada, cuando un derrame de efluentes cloacales terminó sobre la Ruta Provincial 11, frente a la zona del Carrefour. El inconveniente se produjo a partir de una falla en el sistema operado por la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP), generó acumulación de agua servida en una zona baja de la calzada, complicó la circulación y obligó a realizar tareas de limpieza.

El episodio, por sí solo, no alcanza para explicar toda la situación sanitaria de Pinamar. Pero sí volvió a exponer una pregunta que los vecinos vienen haciendo desde hace tiempo: ¿hasta cuándo se van a seguir administrando las consecuencias sin resolver el problema de fondo? En una ciudad que durante el verano multiplica su población, el funcionamiento de la infraestructura básica no puede depender de que todo salga bien. El mantenimiento preventivo, la capacidad del sistema y las obras necesarias deberían estar previstas mucho antes de que una falla termine convirtiéndose en un problema visible para todos.

La otra gran discusión pasa por la planificación urbana. El proyecto Pinamar 2050 fue presentado como una hoja de ruta para pensar el crecimiento de la ciudad durante las próximas décadas. Sin embargo, el debate se volvió áspero porque vecinos, arquitectos y hasta Lucas Ventoso, exsecretario de Turismo de la propia gestión, cuestionaron que detrás de esa denominación pudiera esconderse una modificación de las reglas urbanísticas con efectos concretos sobre el negocio inmobiliario.

El punto sensible está en la posibilidad de aumentar alturas y densificar determinadas zonas sin que, según los cuestionamientos planteados, exista previamente una infraestructura suficiente de agua, cloacas y energía para absorber ese crecimiento. También se reclama un estudio de impacto ambiental integral y una discusión pública más amplia antes de modificar un Código de Ordenamiento Urbano que, una vez cambiado, puede determinar durante años qué se construye, dónde se construye y cuánto se puede construir.

Ahí aparece una contradicción difícil de pasar por alto. Se habla de planificar Pinamar hacia 2050, pero los vecinos reclaman que primero se explique cómo se va a sostener el crecimiento sobre una infraestructura que todavía presenta problemas. Porque crecer no es solamente levantar edificios. También significa garantizar servicios, preservar el ambiente y evitar que el desarrollo urbano termine siendo una ventaja para algunos mientras los costos quedan repartidos entre todos.

El caso del Enduro llevó la discusión todavía más lejos. La autorización municipal para realizar una competencia en zonas de dunas y playa generó rechazo de organizaciones ambientales y vecinos, preocupados por el impacto sobre un ecosistema costero particularmente frágil. Pero la polémica no quedó limitada al debate ambiental.

Lucas Ventoso presentó una denuncia penal ante la UFIJ de Dolores contra Ibarguren y el concejal Alejo Yeza. Según la denuncia, existirían presuntas irregularidades vinculadas con la contratación y organización del evento y se plantearon posibles figuras como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. La causa, de acuerdo con el material difundido, se encuentra en etapa investigativa.

Esto no significa que exista una condena ni que las irregularidades denunciadas hayan sido judicialmente comprobadas. Pero tampoco es un dato que una administración municipal pueda ignorar como si no hubiera ocurrido. Cuando una decisión oficial termina en una denuncia penal, corresponde que las explicaciones sean claras y que la documentación esté disponible para despejar cualquier duda.

Mientras tanto, la obra que debería atacar uno de los problemas centrales de Pinamar sigue bajo cuestionamiento. La nueva planta depuradora de efluentes fue presentada como una solución estructural para el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, los vecinos vienen señalando demoras importantes, falta de precisiones sobre los plazos reales de finalización y poca claridad respecto de los montos invertidos.

Y ahí vuelve a aparecer el mismo problema: las promesas de largo plazo chocan contra las urgencias del presente. Una planta depuradora no es una obra decorativa ni una promesa electoral más. Es infraestructura básica para una ciudad que pretende crecer sin comprometer sus recursos naturales y sin convertir cada temporada alta en una prueba de resistencia.

También existen cuestionamientos alrededor del uso de espacios municipales. El Polideportivo Municipal, otorgado en comodato, quedó en el centro de críticas por una explotación comercial que, según señalan vecinos y medios locales, habría sido subaprovechada y sin suficiente claridad sobre el retorno económico para el municipio y el control de los ingresos generados.

Otra vez, la discusión de fondo no es solamente quién utiliza un determinado espacio. Es qué hace el Estado municipal con los bienes que pertenecen a todos los vecinos. Si un espacio público se entrega en comodato y allí se desarrolla una actividad con fines comerciales, la administración debería poder explicar con absoluta claridad cuáles son las condiciones, qué recibe el municipio y qué controles aplica. No debería haber zonas grises cuando se trata del patrimonio público.

La seguridad completa un cuadro que tampoco resulta cómodo para la administración. Vecinos de Pinamar, Cariló y Valeria del Mar vienen denunciando un incremento de hechos delictivos durante los meses de menor actividad turística, con robos en viviendas y en la vía pública. A eso se suman cuestionamientos sobre el funcionamiento de las cámaras de monitoreo y reclamos por la falta de patrullajes preventivos suficientes.

En ese escenario, la negativa a avanzar con una declaración de emergencia en seguridad es otro de los puntos que alimenta el malestar. La discusión podrá tener distintas posiciones políticas, pero difícilmente se pueda resolver escondiendo el problema debajo de la alfombra. Si las cámaras fallan, hay que repararlas. Si los patrullajes no alcanzan, hay que reforzarlos. Y si los vecinos reclaman respuestas, el municipio tiene que explicar qué está haciendo.

El denominador común de todos estos episodios es incómodo para Ibarguren: mientras el discurso habla de futuro, los problemas aparecen en el presente. Mientras se proyecta una ciudad hacia 2050, hay vecinos preguntando por cloacas, seguridad, obras demoradas y controles sobre el patrimonio municipal. Mientras se promueve el desarrollo, también crece la preocupación por el impacto ambiental y por quiénes pueden terminar beneficiándose con los cambios en las reglas urbanísticas.

Pinamar no necesita solamente renders, anuncios y proyectos con nombres ambiciosos. Necesita que funcionen las cloacas, que las obras tengan plazos y costos claros, que el desarrollo urbano tenga límites razonables, que el ambiente sea protegido y que los espacios públicos sean administrados con transparencia.

Porque una gestión se mide bastante menos por lo que promete que por lo que efectivamente resuelve. Y hoy, en Pinamar, son demasiados los temas que siguen esperando una respuesta mientras el intendente Ibarguren intenta sostener una imagen de planificación y futuro que, para buena parte de los vecinos, empieza a chocar contra una realidad bastante más difícil de maquillar.