LA MOTOSIERRA NO LLEGÓ A LOS NEGOCIOS: KARINA MILEI HABRÍA DIRECCIONADO LICITACIONES POR $3.000 MILLONES A UN EXMINISTRO DEL PRO
Mientras Javier Milei promete terminar con los privilegios, reducir el gasto público y combatir a la casta, una investigación de Diagonales revela una trama de contrataciones estatales que vuelve a poner a Karina Milei en el centro de la polémica. La empresa beneficiada: Prodevent SRL, fundada por Gustavo Ferrari, exministro de Justicia bonaerense durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
Según la investigación, la firma obtuvo cuatro adjudicaciones y prórrogas por un total de $2.399 millones, que actualizados superan los $3.000 millones. El dato que despierta sospechas es que Prodevent ganó todas las compulsas en las que participó durante el gobierno libertario, incluso cuando en la última contratación presentó una oferta más cara que otra competidora.
El primer contrato llegó en febrero de 2025, por $528,1 millones, mediante una operación impulsada desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Después llegaron nuevas contrataciones, con procedimientos prácticamente idénticos, los mismos requisitos técnicos y, llamativamente, el mismo proveedor. También intervinieron áreas encabezadas por Manuel Adorni y Diego Santilli.
¿Y qué compraba el Estado por semejante cantidad de dinero? La lista incluye carpas, camarines, escenarios, televisores LED, equipos de sonido, iluminación, vallas, seguridad privada, médicos, ambulancias, baños químicos de primera línea y hasta servicios de catering con desayunos, meriendas, almuerzos y cenas. Todo para organizar actos y actividades presidenciales en cualquier punto del país, con capacidad para recibir hasta 10.000 invitados.
Entre los eventos financiados aparecen las celebraciones por Malvinas, el Tedeum del 25 de Mayo, la apertura de sesiones del Congreso, actos oficiales y hasta la entrevista de Javier Milei con Louis Sarkozy. Esta última habría costado $26,4 millones, pese a tratarse de una producción para una conversación entre apenas dos personas.
Pero la investigación de Diagonales no se limita a cuestionar los montos. En una segunda publicación, el medio reveló documentación obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública que alimentaría las sospechas de un posible direccionamiento de las licitaciones. Según esa reconstrucción, la Secretaría General reconoció que había decidido no prorrogar una contratación anterior y convocar un nuevo procedimiento para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, el resultado volvió a ser el mismo: Prodevent como adjudicataria.
Hay otro dato todavía más llamativo: el Gobierno reconoció que un supuesto inconveniente técnico impidió consultar la documentación correspondiente a la primera contratación, por lo que todavía no se conoce públicamente el destino detallado de los $528,1 millones iniciales.
El trasfondo político tampoco es menor. Gustavo Ferrari fue una figura importante del gabinete de María Eugenia Vidal y tuvo vínculos con la estructura del PRO. Diego Santilli, que intervino en una de las últimas adjudicaciones, también compartió aquel espacio político. La supuesta ruptura con la vieja política parece tener algunas excepciones cuando se trata de contratar proveedores.
Por ahora, las irregularidades denunciadas y la hipótesis de direccionamiento forman parte de una investigación periodística y no constituyen una condena judicial. Pero los documentos, los montos y la reiteración de adjudicaciones plantean interrogantes que el Gobierno debería responder.
La pregunta es bastante sencilla: ¿cómo puede ser que una administración que llegó prometiendo dinamitar los privilegios termine acumulando contratos millonarios con una empresa vinculada a un exfuncionario del PRO, bajo procedimientos cuestionados y con información pública que no aparece?
La casta tenía que desaparecer. Los contratos, aparentemente, no.
