Federico Sturzenegger volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no precisamente por algún éxito de gestión. Entre proyectos que naufragan, conflictos que explotan y decisiones que generan más problemas de los que prometían solucionar, el ministro de Desregulación empieza a cargar con una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse una estrategia que acumula fracasos?

El pasado tampoco ayuda. Sturzenegger fue uno de los funcionarios vinculados al diseño del Megacanje de 2001, una operación realizada durante el gobierno de Fernando de la Rúa que terminó bajo investigación judicial. Aquel episodio quedó asociado a una de las etapas más críticas de la historia económica argentina y volvió a instalarse cada vez que el economista recuperó protagonismo político.

Ahora, con Javier Milei en la Casa Rosada, Sturzenegger tiene una enorme influencia sobre el rumbo del Gobierno. Su bandera es conocida: desregular, reducir el Estado y eliminar normas que considera obstáculos para la actividad privada. El problema aparece cuando esas reformas chocan con la realidad.

El caso más reciente fue el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa impulsada por el Gobierno llegó al Senado con una modificación especialmente cuestionada: flexibilizar los límites establecidos para la propiedad extranjera de tierras rurales.

La resistencia fue creciendo hasta obligar al oficialismo a retirar ese capítulo del proyecto. Gobernadores que suelen negociar con la Casa Rosada se despegaron de la propuesta y el Gobierno terminó aceptando una derrota política antes de arriesgarse a perder una votación en el recinto.

El episodio dejó una imagen difícil de disimular: una de las reformas que el oficialismo presentaba como centrales terminó recortada por falta de respaldo político.

Pero no fue el único conflicto. Las políticas de reducción del Estado impulsadas desde el Ministerio de Desregulación también generaron fuertes cuestionamientos por los despidos en organismos públicos. Para el Gobierno, se trata de una pelea contra el gasto y una estructura estatal sobredimensionada. Para los trabajadores afectados, detrás de cada recorte hay un empleo y una familia.

La discusión de fondo es otra: achicar el Estado puede ser una decisión política, pero eso no significa que cualquier despido esté automáticamente justificado. La eficiencia no se demuestra con una planilla de bajas, sino con resultados, controles y una administración que funcione mejor.

Y después apareció otro frente de conflicto: las modificaciones vinculadas al régimen de practicaje y la actividad portuaria. La reacción de los trabajadores y la convocatoria a medidas de fuerza mostraron nuevamente la dificultad del Gobierno para imponer reformas de manera unilateral. Cuando una reforma paraliza una actividad estratégica y obliga al Ejecutivo a revisar sus pasos, algo evidentemente salió mal en el diseño original.

El problema de Sturzenegger, entonces, no parece ser solamente una cuestión de nombres o de ideología. Es la distancia entre el laboratorio de las reformas y el país real donde esas decisiones tienen consecuencias.

Desde el Gobierno insisten en que el camino es profundizar el programa. Pero cada tropiezo empieza a dejar una pregunta más difícil de responder: ¿cuánto puede reformarse un país a fuerza de decretos, despidos y desregulaciones sin generar una reacción política y social?

Sturzenegger llegó al Gobierno como uno de los principales arquitectos del proyecto de transformación económica de Milei. Hoy empieza a convertirse también en uno de sus principales responsables políticos. Y si las reformas siguen chocando contra el Congreso, los sindicatos, las provincias y distintos sectores productivos, el ministro tendrá que demostrar que detrás de la motosierra existe algo más que voluntad de romper.

Porque gobernar no es solamente eliminar normas. También es hacerse cargo de lo que ocurre después.La imagen del ministro en el aeropuerto de Punta Cana cayó como una bomba dentro de un oficialismo que venía buscando responsables después del papelón legislativo. La reforma de Sturzenegger llegó al Senado con la intención de modificar, entre otras cosas, los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. El rechazo político y social fue creciendo hasta obligar al Gobierno a retirar ese capítulo del proyecto.

El problema no terminó ahí. En paralelo, otra reforma impulsada por el ministro, vinculada al régimen de practicaje y pilotaje, provocó un paro que paralizó durante horas buena parte de la actividad portuaria. Según las versiones publicadas por medios especializados, hubo cientos de buques demorados y fuertes pérdidas económicas. Finalmente, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás.

En la Casa Rosada, el episodio generó una interna cada vez más evidente. Según versiones periodísticas, Javier Milei habría reaccionado con furia frente al impacto que tuvo el conflicto y habría amenazado con echar a Sturzenegger. La versión no fue confirmada oficialmente, pero alcanza para mostrar el nivel de tensión que existe alrededor del ministro.

Y ahora apareció el viaje al Caribe.

Desde el entorno de Sturzenegger aseguran que la participación en el foro de Santo Domingo estaba programada desde hacía tiempo y que el ministro había sido invitado por el presidente dominicano para hablar sobre el proceso de desregulación argentino. También explicaron que Punta Cana fue solamente una escala para tomar el vuelo de regreso…La explicación puede ser formalmente válida. Pero políticamente el momento no podía ser peor.

Mientras el ministro hablaba en el exterior sobre las bondades de su modelo, en Argentina el Gobierno tenía que desarmar parte de su proyecto para conseguir los votos necesarios en el Senado. Gobernadores aliados se habían despegado de la iniciativa y hasta sectores cercanos a La Libertad Avanza mostraban preocupación.

El contraste es difícil de ignorar: Sturzenegger defendiendo su modelo de reformas a miles de kilómetros mientras Patricia Bullrich y otros funcionarios intentaban apagar el incendio político que habían dejado sus propias iniciativas.

La derrota también puso en discusión el futuro de las próximas reformas del ministro: Dentro del oficialismo ya circula la idea de congelar algunos de sus proyectos para evitar nuevos conflictos con sectores productivos, sindicatos y gobernadores…inclusive circula fuertemente la idea de que el mismo presidente ya le bajó el pulgar.

El razonamiento es bastante simple: si cada nueva desregulación abre un frente de conflicto, el Gobierno empieza a quedarse sin margen político para avanzar.

Entre las iniciativas que podrían quedar frenadas aparecen proyectos vinculados a medicamentos, organismos sectoriales, actividad inmobiliaria y otras reformas que Sturzenegger venía preparando bajo la lógica de desarmar regulaciones consideradas innecesarias.

El problema es que la motosierra puede ser efectiva para cortar rápido, pero gobernar requiere algo más que cortar. Hace falta calcular las consecuencias, negociar y, sobre todo, tener los votos para sostener las decisiones.

La semana pasada el Gobierno aprendió esa lección de la peor manera. Primero tuvo que retirar el capítulo sobre tierras. Después tuvo que retroceder frente al conflicto portuario. Y ahora, puertas adentro, empieza la discusión sobre cuánto más puede avanzar Sturzenegger sin generar un nuevo incendio.

Mientras tanto, el ministro volvió a mostrarse lejos del centro de la pelea. El Gobierno, en cambio, quedó tratando de explicar por qué una de sus principales figuras reformistas no estaba en el país cuando su proyecto estrella se desmoronaba en el Congreso.

Y eso deja una pregunta dando vueltas en la Casa Rosada: ¿Sturzenegger sigue siendo el hombre encargado de transformar el Estado o se convirtió en un problema político que el propio Gobierno ya no sabe cómo administrar?